En la víspera del tratamiento en el Senado del paquete de 34 proyectos mineros bajo la denominación "Malargüe Distrito Minero Occidental", vecinos autoconvocados de Uspallata emitieron un duro comunicado recordando los lazos entre el gobernador Alfredo Cornejo y los empresarios de Apeleg, dueños de la mayoría de los proyectos de exploración. Por otra parte, las Asambleas por el Agua convocaron a manifestarse este martes.
De los 34 proyectos, 19 pertenecen a Apeleg Sociedad Anónima, presidida por el contador Julio César Pulisich y Antonio Torres. Ambos son reconocidos en el ámbito minero como parte del estudio contable Torre-Pulisich.
Pulisich y Torre participaron de PRC SAU, la compañía que se creó para recibir los activos la propiedad minera de Potasio Río Colorado. Pulisich fue síndico de la empresa que fue vendida a José Luis Manzano junto a la propiedad del yacimiento de potasio en el sur provincial. Una vez que se concretó ese proceso, se creó Impulsa Mendoza Sostenible, que se quedó con el manejo del paquete accionario de Mendoza en Potasio Río Colorado.
Los cuestionamientos a Apeleg fueron formulados por algunos legisladores en soledad en comisiones y en la sesión de Diputados, donde ya obtuvo media sanción, con gran apoyo de la oposición.
"Ramón: "Impulsa S.A. no va a rendir cuentas de los 30 millones de dólares que les vamos a dar. 19 de esos proyectos son de Julio César Pulisich ¿Le da transparencia que un amigo del gobernador tenga comprados 19 proyectos de los que se discute hoy?"
— Periodismo Explícito (@SinMaripositas) October 30, 2024
Fugazzotto: "Que expliquen cómo Apeleg hizo para comprar todo lo que compró. Y me preocupa que se les siga vendiendo humo a Malargüe con el tema del empleo"
— Periodismo Explícito (@SinMaripositas) October 30, 2024
Los vecinos y asambleístas también hicieron foco en el pase de funcionarios de ambos lados del mostrador así como la escasa institucionalidad de ciertos nombramientos, como los casos de Emilio Guiñazú, funcionario y directivo de Potasio Río Colorado, y de Jerónimo Shantal, quien carecía de títulos para ser director de Minería pero sorteó ese escollo con la modificación de una ley.
Difonso: "El tránsito de funcionarios a empresas. Los funcionarios de ambos lados del mostrador tampoco son legales"
— Periodismo Explícito (@SinMaripositas) October 30, 2024
Este es el comunicado completo de los Vecinos Autoconvocados de Uspallata:
Como dice el fiscal Gómez: A mayor contaminación, más dinero. A más dinero, mayor corrupción. A mayor corrupción, más impunidad. A más impunidad, mayor contaminación. Este círculo vicioso actualmente resulta ser una suerte de paradigma de la ideología extractivista, aquella que sostiene (relato y propaganda oficial mediante) la falsa creencia de que supuestamente los países o las regiones sólo pueden progresar y ser prósperos aniquilando la naturaleza y sometiendo a los pueblos.
MDMO no es la excepción, más allá de que por excepción sus artífices llegaron a sus cargos: Emilio Guiñazú tuvo que correrse como funcionario de la estructura centralizada del Estado y ocupar funciones en empresas estatales descentralizadas (Potasio Río Colorado e Impulsa Mendoza), ya que es investigado por la justicia brasileña en el caso Odebrecht. Jerónimo Shantal no reunía las condiciones para ejercer el cargo de Director de Minería, entonces modificaron una ley para que meterlo por la ventana. Esa misma modificación legal sirvió para que el negocio de las concesiones mineras en la Provincia de Mendoza, quede en manos exclusivamente de esas dos personas. Ellos sostienen que tenemos el “deber moral” de extraer metales, por qué y para qué, veamos:
Negocios vertiginosos
En julio de 2023 se publica en el Boletín Oficial la constitución de la empresa particular privada Apeleg S.A. cuyos socios titulares son Julio César Pulisich y Antonio Torre, quienes en ese entonces eran al mismo tiempo síndicos de la empresa estatal Potasio Río Colorado, continuando unos meses más en sus cargos hasta la disolución de la empresa, cuando sus activos fueron transferidos a José Luis Manzano (“Robo para la Corona” se acuerdan?) y sus derechos fueron transferidos a Impulsa Mendoza. Entonces, Torre dejó la función Pública; sin embargo, Pulisich no sólo continuó, sino que subió algunos escalones; ya que, de ser síndico en PRC, pasó a ser “director suplente” de Impulsa Mendoza, cargo que ostentó hasta junio de 2024, cuando se publicaron los cambios del directorio de Impulsa Mendoza en el Boletín Oficial.
Siendo parte de la estructura del Estado, Pulisich y Torre manejaban información privilegiada y obviamente, no sólo conocían los planes del gobierno, sino que eran ideólogos y parte de ellos. Por eso, cuando Pulisich deja la función Pública, en cuestión de meses, ya estaba constituida (junto con Torre) su empresa Apeleg, ya había registrado decenas de concesiones mineras metalíferas en Malargüe, el gobierno ya había ideado y formulado MDMO, ya habían sido incluidos 19 de sus proyectos mineros en él y ya estaba en marcha el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del mismo. Esto último, con costo cero para Apeleg, ya que estaba siendo financiado con “la nuestra”. Según declaraciones a la prensa de los propios funcionarios, en lo que va de 2024, el gobierno de Mendoza, lleva invertidos 5 mil millones de pesos en promocionar la minería. Recordemos que esta primera tanda de MDMO incluye 34 proyectos mineros, con lo cual, Apeleg S.A. con 19, tiene la mayoría.
Clin caja
Según el acta constitutiva de Apeleg S.A. publicada en el Boletín Oficial, su capital inicial era de $ 500,000 (menos de 500 U$S).
Teniendo en cuenta que el otorgamiento de concesiones mineras sólo requiere invertir sumas mínimas en cánones, sellados y escribanos, se calcula que Pulisich y Torre gastaron alrededor de $ 400.000 (menos de 400 U$S) en el registro de las concesiones mineras incluidas en MDMO. O sea, menos de lo que valía su empresa al momento de constituirla. Estamos hablando del período comprendido entre junio y noviembre de 2023. Además, ellos siendo parte de la estructura de gobierno, ya sabían de antemano que el gobierno iba a lanzar MDMO. El manto de impunidad construido por Cornejo dentro de la institucionalidad mendocina fue el plafond perfecto para que los conflictos de intereses queden de lado, en una gestión de gobierno donde las sutilezas para el robo con guante blanco no revisten ningún tipo de tapujo.
Antes de comenzar con el aceleradísimo procedimiento de impacto ambiental de MDMO, el gobierno, a través de Impulsa Mendoza, compró con “la nuestra” el proyecto minero El Seguro, desembolsando U$S 50.000. En este caso, los agraciados particulares privados beneficiarios de las bondades del Estado para con las clases altas, fueron los dueños de la empresa Agaucu: Mario Chabert, Raúl Ernesto Concina y los sucesores de Juan Carlos Sabalúa. A este punto, el negocio especulativo de Pulisich y Torre ya se había multiplicado por 125, por obra y gracia de la propia administración Cornejo, a la cual pertenecieron.
Extraoficialmente, se tiene conocimiento de que una vez otorgada la DIA a MDMO, corporaciones megamineras transnacionales estarían ofreciendo U$S 500 mil por cada componente de MDMO, con lo cual la “inversión” de Apeleg S.A. ya estaría redituando el 12.500%, estando Pulisich y Torre en condiciones de embolsar cerca de 10 millones de dólares si hoy vendieran sus 19 proyectos que forman parte de MDMO. Pero evidentemente, aún no es el momento, pues, desde ya, se sabe por casos anteriores (y por tratarse de un negocio de naturaleza meramente especulativa), que una vez obtenida la aprobación ambiental, con la ratificación legislativa de la DIA de MDMO, la cotización seguirá aumentando. Los lobbistas locales de Minera San Jorge (proyecto megaminero con su etapa de factibilidad concluida) dicen que su valor actual es de 600 millones de dólares. Multiplicando por al menos 19 (y vaya a saber si hay más) alcanzamos la expectativa de máxima en la cabeza de estos exfuncionarios de Cornejo,
Así es como la especulación financiera de la megaminería (inversiones de riesgo, le dicen) aumenta en la misma proporción que aumenta el encarecimiento de nuestra existencia, cada vez más comprometida por el accionar de un gobierno que sólo gestiona la cosa pública para generar y llevar adelante negocios corporativos privados particulares.