En vísperas del discurso que dará Francisco Pérez este jueves para inaugurar las sesiones de la Legislatura este 1 de Mayo, las Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura (AMPAP) denunciaron que uno de los puntos que se espera incluya el mandatario como uno de sus logros, el Plan de Ordenamiento Territorial, “tal cual fue aprobado, no tiene licencia social”.
El Plan Provincial de Ordenamiento Territorial (PPOT), reglado por ley 8051, tiene entre sus objetivos: “Promover el desarrollo territorial equitativo y sostenible de la Provincia, de las áreas urbanas, rurales y naturales, en el oasis y las zonas no irrigadas de las distintas cuencas hidrográficas y regiones existentes (…) a fin de asegurar una mejor calidad de vida para la población de Mendoza, en congruencia con los principios de equidad social y equilibrio/ territorial tendientes a lograr un desarrollo sostenible y sustentable, (…) mediante la implementación paulatina de programas, planes y proyectos.”
Las Asambleas por el Agua participaron en la construcción del Proyecto de Plan Territorial en las diversas instancias en que fue posible, sin embargo, señalaron en un comunicado, "en algunas regiones, el proceso se redujo a completar formularios dirigidos, acelerados y burocráticos, como fue el caso del oasis Sur, violando el derecho a acceder, según lo establece la ley, a: talleres, debates, y análisis, como parte del proceso. En otros departamentos de la provincia, los directores de Ordenamiento Territorial, desconocían los formularios para la inscripción a la audiencia pública, dificultado el seguro acceso a la misma y el cumplimiento del artículo 15 de la resolución 109/96".
Apuntaron, además, que a nivel provincial "solo se llevó a cabo mediante la web, excluyendo a los ciudadanos que no tienen acceso a este tipo de instrumento informático".
El documento final, indicaron, "debe ser analizado y aprobado por el Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial (CPOT), teniendo en cuenta, los aportes de las diversas instancias de participación ciudadana, respondiendo, además, a las observaciones realizadas en la audiencia pública". Ahora ese documento deberá ser enviado en formato de proyecto para que lo trate la Legislatura, sin embargo, los asambleístas insistieron en que "continuaba con los mismos vicios enumerados en la audiencia pública, salvo la exclusión expresa de la Ley 7722 en cuanto a su modificación y la inclusión de la Ley de Glaciares, como resultado de la participación de las asambleas".
Durísimos con la iniciativa oficial, los ambientalistas aseguraron que el apuro en el tratamiento en audiencia y posterior aprobación del documento previo a la ley fue "una parodia instigada por el apuro absurdo del Poder Ejecutivo provincial que, carente de anuncios relevantes, necesita incluir, un tema trascendental para “todas y todos” en el discurso del 1 de mayo, como si el Ordenamiento Territorial fuera una especie de trofeo de una gestión".
Durante la audiencia pública en cuestión, idéntica postura a la de las Asambleas por el Agfua adoptaron referentes de la oposición, precisamente de la UCR y del massismo provincial.
