La administración provincial de Sergio Urribarri consideró que "esto daría una oportunidad a la diplomacia a hacer su trabajo para conciliar posiciones".
El Gobierno de la provincia de Entre Ríos solicitó al Gobierno uruguayo, que "retrotraiga la situación a la anterior al conflicto" desatado entre los dos países por la autorización del presidente José Mujica a la pastera UPM a aumentar la cantidad de producción de papel en la planta de Fray Bentos
A través de un comunicado oficial difundido el domingo en la tarde, el Gobierno de Sergio Uribarri le recordó a Montevideo que "el límite de un millón de toneladas anuales de pasta fue fijado inicialmente en 2005 por el propio gobierno del Uruguay. El mismo fue ratificado en 2010 por la Corte Internacional de Justicia y quedó bajo el control y la vigilancia continua de la Comisión Administradora del Río Uruguay, CARU".
El comunicado afirma que "en 2012, Uruguay sometió a la CARU la solicitud de UPM de ampliar su producción anual, en modificación de las condiciones previstas en el proyecto original" y ratifica que el procedimiento de información y consulta previas se encuentra actualmente "en pleno desarrollo, de acuerdo con el Estatuto del Río Uruguay".
El gobierno provincial señaló que la Argentina mantiene su postura respecto a que la "información y documentación recibidas eran incompletas" y recordó que las autoridades argentinas solicitaron en cuatro oportunidades "información complementaria, que Uruguay no suministró".
"Por eso nuestro país entiende que la autorización unilateral implica una nueva controversia entre las partes, que puede ser sometida por cualquiera de ellas a la Corte Internacional" de La Haya, completa el comunicado.
El escrito sostiene que el "incremento ahora permitido por Uruguay en verdad reconoce niveles de producción ya alcanzados, por encima del tope legal".
Agrega que según los registros aduaneros del país vecino "la planta de UPM se excedió en 50.597 toneladas en 2009; 97.407 en 2010; 96.880 en 2011; 88.124 en 2012 y 74.410 toneladas hasta septiembre de 2013, introduciendo en el río mayor cantidad de sustancias, energía y contaminación, en desacato a todas las normas, incluyendo los acuerdos Presidenciales y de Cancilleres de 2010 para la ejecución de la sentencia de La Haya".
Resalta que desde 2010, el Comité Científico "ingresó 28 veces a la planta para realizar mediciones y tomar de muestras de efluentes, instaló siete boyas con sondas de medición en la zona de potencial influencia de la planta sobre el Río Uruguay y tomó muestras de las aguas en 32 puntos del río".
Sobre ese punto, la administración provincial le recordó al gobierno de José Mujica que las únicas mediciones "válidas" de acuerdo con la sentencia de La Haya, son "las que se realizan dentro de la planta, en el caño de desagüe, y no las que puedan realizarse en cualquier lugar del río, como intenta presentar el gobierno uruguayo".
El escrito argumenta que según los informes preliminares la planta de UPM "no cumple" los límites establecidos y afirma que la "temperatura (de los líquidos vertidos por la pastera) supera el valor en más del 50 por ciento y que el contenido promedio de fósforo es "36 veces" más del límite permitido.
También señala que en cuatro muestras "los fenoles detectados duplicaron y hasta cuadruplicaron el tope vigente", al tiempo que asegura que el Comité Científico también detectó en el efluente de la planta "endosulfán, un pesticida organoclorado de uso prohibido desde 2011 en el Uruguay" y que en "seis de catorce mediciones se detectaron grasas y aceites, que no debían estar allí".
El comunicado oficial indica que "Argentina también se opone al aviso previo que el Comité Científico debe dar a la empresa antes de cada inspección, por disposición uruguaya, ya que los diez días que demora el trámite permiten corregir algunos apartamientos de la normativa antes del control".
El escrito afirma que a "lo largo de un año, la carga orgánica vertida por la planta equivale a la demanda química de oxígeno de una ciudad de 96.500 habitantes que volcara sus efluentes crudos al río; a la cantidad de fósforo de una ciudad de 25.000 habitantes y a la de nitrógeno de una ciudad de 28.000 habitantes que descargara sus efluentes sin tratamiento".
"Uruguay no cuestiona esas cifras, pero se queja de la alarma que producen. Uruguay aplica en forma unilateral estándares propios menos exigentes, de cuyo rechazo la Argentina dejó constancia en las actas de la CARU", sostiene la Gobernación y destaca que el recurso a la Corte Internacional anunciado por Argentina "intenta mantener el litigio en términos razonables".
"Por todo ello, el Gobierno de Entre Ríos, apelando a la profunda raíz histórica y afectiva de los vínculos que unen al pueblo argentino y el uruguayo, en particular a la filial relación con los entrerrianos, solicita al Gobierno de la República Oriental del Uruguay un esfuerzo para retrotraer la situación a la vigente antes de su reciente autorización unilateral a UPM a aumentar la producción", señala el comunicado.
Según el comunicado de la Provincia, "esto daría una oportunidad a la diplomacia a hacer su trabajo para conciliar posiciones evitando el doloroso desgaste de nuestra entrañable relación bicentenaria".
Por último, la gobernación provincial llamó a "todos los actores de la sociedad civil involucrados una actitud constructiva al respecto, ayudando a que este nuevo conflicto se mantenga dentro de las proporciones que la diplomacia pueda manejar".
Fuente: Télam
