La Suprema Corte de Justicia de Mendoza ordenó “llamar los autos al acuerdo” para resolver una medida cautelar presentada por el abogado ambientalista Marcelo Romano. El expediente, que busca frenar la entrega irregular de pozos de agua subterránea a empresarios ligados al poder, cerró su fase de trámite y pasó a deliberación colegiada. Los jueces deberán decidir si conceden o rechazan la cautelar, en un caso que podría marcar un precedente histórico en la defensa del recurso hídrico.
Entre los empresarios a los que beneficiaron Cornejo y Marinelli con la entrega de agua el principal es Eduardo Elsztain
Romano interpuso una acción de inconstitucionalidad junto a una medida precautoria anticipatoria contra el Departamento General de Irrigación, con el objetivo de impedir perforaciones en la cuenca del Río Mendoza. “Esto puede abrir un precedente gravísimo: si se permite perforar en zonas de restricción, el recurso hídrico quedará indefenso frente a intereses privados. La Corte debe intervenir antes de que haya daños irreversibles”, advirtió el abogado.
La denuncia que originó el expediente
El conflicto estalló en febrero, cuando el jefe de Irrigación, Sergio Marinelli, otorgó nueve permisos de perforación en la Subcuenca El Carrizal – margen derecha del Río Mendoza. La decisión contradecía la Resolución 1108/2024, firmada por él mismo, que había declarado la zona en restricción hídrica. Los permisos se concedieron pese a informes técnicos, jurídicos y científicos que recomendaban mantener la prohibición, beneficiando a grandes empresarios.
Entre los favorecidos figura Cresud SAFIC y A., del empresario Eduardo Elsztain, líder del Grupo IRSA y cercano al presidente Javier Milei, que recibió autorización para cinco pozos destinados a regar 424 hectáreas. La maniobra derivó en un pedido de Jury político contra Marinelli impulsado por sectores del PJ.
Empresarios beneficiados
La investigación reveló que los permisos alcanzaron a un selecto grupo de empresarios:
- Cresud SAFIC y A., de Eduardo Elsztain, con cinco pozos para 424 hectáreas.
- Chimpay La Rioja S.A., del empresario coreano Young Woo, con dos pozos para 150 hectáreas en Santa María de Los Andes.
- Grappolo S.A., de Walter Bressia, presidente de Bodegas de Argentina, con un pozo para uso industrial y recreativo.
- Pedro García Mateo, con un pozo para 18 hectáreas.
En total, las perforaciones permitirán regar cerca de 600 hectáreas en Agrelo. Según el mercado inmobiliario, las tierras pasaron de valer casi nada a cotizar entre 12 y 24 millones de dólares tras recibir acceso al recurso hídrico.
Una instancia clave en la Corte
Consultado por ElEditor Mendoza, Romano explicó: “La Corte en pleno ha llamado para resolver la primera parte de ese proceso que es la medida precautoria, que tiene como objetivo evitar lo que pasó con los pozos de Agrelo en 2011 con Frigerio y Villalón, que ya hace 14 años y aún no se dicta una sentencia. La sentencia que se dicte va a ser negativa: si le dan la razón a los empresarios se va a perfeccionar la corrupción, y si le da la razón a Irrigación el daño y perjuicio para esos empresarios va a ser multimillonario”.
El abogado recordó el escándalo durante la gobernación de Celso Jaque, cuando Eduardo Frigerio y su asesor Jorge Villalón fueron acusados de otorgar permisos de perforación de manera irregular. Un jury terminó con el mandato de Frigerio. Romano advirtió que la Corte tiene ahora “la posibilidad de no entregar el pozo a Elsztain hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, o sí le entregamos el pozo y después que se resuelva”.
Si se habilita la perforación, alertó, “puede pasar lo que ocurrió con los regantes privilegiados de la Cámara de Agrelo”.
Los argumentos de la demanda precautoria
En su presentación, Romano calificó la resolución de Irrigación como “ilegal, injusta e insostenible” y acusó al organismo de priorizar intereses privados por encima del bien común. Su recurso de inconstitucionalidad se apoya en cinco pilares:
- Violación constitucional: vulneración del derecho a un ambiente sano (art. 41 CN) y del uso sustentable del agua.
- Crisis hídrica ignorada: informes del INA, UNCuyo y la empresa israelí Mekorot alertan sobre el agotamiento del acuífero.
- Arbitrariedad institucional: contradicción con la propia Resolución 1108/2024 que prohibía extracciones.
- Falta de controles ambientales: ausencia de Evaluación de Impacto Ambiental exigida por la Ley 5961, audiencia pública y acceso a la información.
- Riesgo colectivo: más de un millón de mendocinos podrían sufrir consecuencias en producción agrícola, empleo y calidad de vida.
Romano ilustró la incoherencia normativa con una metáfora contundente: “En Mendoza, la Ley 5961 obliga a que un supermercado de apenas 0,25 hectáreas presente un estudio de impacto ambiental. Sin embargo, esta resolución autoriza proyectos que afectan más de 590 hectáreas sin exigir ese mismo control”.
Un fallo con impacto social y político
El expediente que ahora analiza la Corte no solo pone en juego la legalidad de los permisos de perforación, sino también la credibilidad institucional frente a la crisis hídrica que atraviesa Mendoza. La decisión tendrá repercusiones económicas millonarias para los empresarios beneficiados y consecuencias sociales para miles de regantes y productores que dependen del agua del Río Mendoza.
Romano insiste en que el fallo será decisivo: “Si la Corte le da la razón a los empresarios, se va a perfeccionar la corrupción. Si le da la razón a Irrigación, los daños y perjuicios para esos empresarios serán multimillonarios”.
La sentencia, cualquiera sea su resultado, marcará un antes y un después en la disputa por el agua en Mendoza, un recurso cada vez más escaso y disputado entre el interés público y los negocios privados.
