El superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli, quedó en la mira tras autorizar perforaciones en el acuífero de Agrelo, una zona que había sido restringida por el propio funcionario. El funcionario no hace nada sin la venia o el pedido explícito de Alfredo Cornejo.
En febrero de 2025, el Departamento General de Irrigación aprobó nuevas perforaciones en la margen derecha del río Mendoza, dentro de la Subcuenca El Carrizal. Lo insólito: la zona estaba declarada en restricción desde agosto de 2024 mediante la Resolución 1108, firmada por el propio Marinelli.
Entre las favorecidas figura Cresud SAFIC y A., del empresario Eduardo Elsztain (del poderoso Grupo IRSA, cercano al presidente Javier Milei), con cinco pozos para el riego de 424 hectáreas.
Elsztain es dueño del Hotel El Libertador -donde se refugió Javier Milei tras ser electo- de la desarrolladora inmobiliaria IRSA Propiedades, del Banco Hipotecario, de la agropecuaria BrasilAgro y también de Cresud. Un estudio de la organización Global Witness indica que Cresud "se dedica a comprar grandes extensiones de tierras forestales, las deforesta y las convierte en tierras de cultivo para soja, trigo, girasoles o cría ganado. Luego cuando el terreno se revaloriza, la empresa suele venderlo al mejor postor”, afirmó a elDiarioAR Charlie Hammans, autor del informe.
El escándalo llega a la Legislatura
Por el escándalo el senador provincial Félix González (PJ) y el abogado Marcelo Romano presentaron formalmente pedidos de Jury de Enjuiciamiento contra Marinelli, por presunto "mal desempeño de funciones". Entre las causales incluyen no solo la entrega de los pozos, sino su rol en casos de contaminación hídrica y decisiones administrativas controversiales.
A eso se sumó un recurso de revocatoria con medida cautelar presentado por el diputado ambientalista Emanuel Fugazzotto, que busca anular la resolución 125/2025.
Resolución bajo sospecha
Aunque Marinelli defendió su accionar ante la Comisión de Ambiente de Diputados como “técnicamente sólido y jurídicamente riguroso”, las críticas no cesan. "La resolución no autoriza perforaciones automáticas; establece criterios para evaluarlas", afirmó. Sin embargo, reconoció que no fue publicada en el Boletín Oficial por tratarse de un acto administrativo “de alcance particular”.
En relación a las resoluciones 1108 (que restringe los pozos en esa zona) y 125 (que autoriza nuevos pozos), expuso que esto es un proceso que no puede analizarse de manera aislada. “Se vienen haciendo estudios permanentes sobre la base de ese acuífero en particular como también lo hacemos en el resto de los acuíferos de la provincia”, destacando que la primera resolución, “establece la continuidad de la restricción, y que va a seguir restringido. Lo que no quita que en el proceso iniciado en el 2017, que estipulaba una cantidad de agua que ya estaba avalada por los institutos de investigación, que no afectaba al acuífero para hacer nada, lo único que hicimos ahora es que en las nuevas condiciones, las condiciones de cambio climático y futuras, se mantengan esos criterios de aquel momento”.
Desde la oposición aseguran que la omisión de no publicar la resolución en el Boletín Oficial atenta contra la transparencia y advierten sobre los impactos ambientales. "Convirtieron agua pública en capital privado sin control externo y sin audiencia pública", denunció Fugazzotto. En su presentación, alertó sobre el riesgo de daño irreversible al acuífero de Agrelo y la afectación a usuarios preexistentes.
Internas y blindaje político
Pese a la tensión fuera del recinto, Marinelli superó sin sobresaltos su exposición en la Legislatura. Allí minimizó el pedido de jury de González, al que calificó como “una movida política para posicionarse en la interna del PJ mendocino”. Aun así, el peronismo insiste con fuerza: desde el bloque denunciaron que el oficialismo impide debatir un pedido de informes sobre el tema y reclamaron la renuncia del funcionario.
Marinelli acudió acompañado de Marcela Andino, asesora de Irrigación, quien destacó por su parte que “el acceso al agua tiene dos momentos importantes. La solicitud en sí, y luego la intervención de dos órganos: el superintendente (si otorga el permiso y si este se realiza, se evalúa la calidad del agua), y luego la concesión del uso del agua”. Resaltó que uno de los pilares es el respeto por el “principio de igualdad” entre los solicitantes y que a la hora de tomar decisiones “lo ambiental” es sumamente importante para poder avanzar dentro de este marco normativo planteado.
“El Superintendente de Irrigación se tomó atribuciones para beneficiar a los amigos del poder”, advirtió la senadora Cristina Gómez. En paralelo, se multiplican las críticas por el silencio del gobernador Alfredo Cornejo, que hasta ahora evitó pronunciarse.
El trasfondo: agua, tierra y rentabilidad
El fondo del conflicto parece claro: transformar tierras áridas en viñedos de exportación implica multiplicar su valor. Y, según denuncia la oposición, esa revalorización se produce gracias a decisiones unilaterales tomadas desde la cima de Irrigación. “El agua es un derecho colectivo, no un premio para empresarios cercanos al poder político”, subrayó Fugazzotto.
Mientras la Justicia evalúa los pedidos de nulidad y el proceso de Jury avanza en paralelo, el caso Marinelli se perfila como uno de los conflictos institucionales más importantes del año. En el centro de la escena, una disputa de fondo sobre qué manos deciden el acceso al recurso más vital de Mendoza.
Marinelli está blindado
Con el respaldo de los 4 jueces de la Suprema Corte filo-oficialistas, a Alfredo Cornejo le sobran los votos para rechazar el pedido de jury contra el titular de Irrigación, Sergio Marinelli, o para evitar la destitución en el caso de que avanzara el proceso por mal desempeño al entregar pozos de agua a poderosos empresarios -el principal beneficiario es Eduardo Elsztain, del círculo rojo de Javier Milei- en una zona de acuífero restringido. Si sólo 3 de los supremos lo apoyara, también tendría los votos.
