Por Darío Aranda
Para Página 12
Es la cuarta empresa minera expulsada por la población de La Rioja, pero tuvo consecuencias: 35 personas judicializadas por cerrar el paso a la compañía. Entre los denunciados figuran una adolescente menor de edad, el cura del pueblo y el intendente de Famatina. “Frente al miedo que nos intentan imponer, seguimos defendiendo la vida, el agua y los cerros. Seguimos defendiendo la autodeterminación de los pueblos”, señalaron las asambleas socioambientales riojanas. En Neuquén, confirmaron el juicio a tres dirigentes mapuches que resistieron un desalojo. Pueden enfrentar penas de hasta 15 años de cárcel.
Desde 2006, de la mano del gobernador Angel Maza, intentó instalarse la empresa Barrick Gold. La población de Famatina, Chilecito y la capital provincial se movilizó en contra de la actividad extractiva. Maza fue destituido, se aprobó una ley que prohibía la megaminería y asumió la gobernación Luis Beder Herrera. Derogó la ley que frenaba la minería y dio la bienvenida a las empresas.
En los últimos ocho años, en La Rioja se expulsó a tres mineras: Barrick, Shandon Gold y Osisko Mining Corp. El verano de 2012 fue el momento de mayor movilización, cuando se conoció que la empresa Osisko realizaba espionaje sobre los vecinos. Se produjo una pueblada y acampe permanente en la subida del cerro Famatina. Durante 2013 y 2014, por más de un año, también hubo un acampe de asambleas socioambientales en zona conocida como El Cantadero.
El último hecho se produjo en abril pasado, sobre el río Blanco, en el pueblo de Angulos (a 40 kilómetros de Famatina). La empresa Midaish comenzó su instalación. Prometía la extracción de oro con un método de “minería aurífera en río seco”, mediante remoción de arena, traslado de concentrados y procesamiento en Salta. Aseguraban que no contaminaría ni usaría cianuro ni agua. Los vecinos y el intendente de Famatina, Ismael Bordagaray, denunciaron que no había estudio de impacto ambiental y, sobre todo, recordaron que en la región no hay “licencia social” (término impuesto por empresas para referirse al visto bueno de la comunidad).
Entre el 15 y el 20 de abril, los vecinos subieron en tres oportunidades al campamento minero para exigir que se respetara el derecho de la comunidad a decidir su perfil productivo (turístico y agropecuario).
La empresa Midaish (de capitales salteños) denunció a 35 vecinos (entre ellos al intendente, al cura Omar Quinteros y a una menor de edad). El abogado de la empresa, Daniel Adolfo Luna, los acusó por “privación ilegítima de las personas” y denunció que los vecinos “amenazaron de muerte con arma de fuego” a los trabajadores de la minera. También los acusó de intentar incendiar con gasoil el campamento minero. La empresa difundió un video con destrozos, pero no se observa a ninguna persona.
Intervinieron el fiscal Diego Torres Pagnusat y el juez de Instrucción Nº 1 de Chilecito, Marcelo Carrizo. En la primera semana de mayo notificaron a los vecinos y, en la segunda semana, comenzaron a tomar declaración indagatoria. “La Justicia siempre es lenta, pero con nosotros actuó rapidísimo. No es casual y por eso denunciamos la persecución y judicialización de la protesta”, explicó Jenny Luján, asambleísta de Chilecito.
Las asambleas de Chilecito, Nonogasta, Campanas, de la capital provincial y de “Los llanos por la vida” emitieron un comunicado conjunto. “Denunciamos públicamente al gobierno de La Rioja por profundizar su estrategia antidemocrática de criminalizar la protesta social. Se crean causas con mentiras, falsas denuncias a partir de autoatentados, como lo hizo la minera Midaish, en complicidad con un aparato policial y judicial”, explicaron las asambleas.
Alertaron sobre la creciente “privatización y mercantilización de la naturaleza, aun en contra de la voluntad mayoritaria de las poblaciones afectadas”. Alertaron que en nombre del “desarrollo” y la generación de empleo, el territorio provincial “es entregado a grandes enclaves extractivos, cuya insustentabilidad socioambiental y económica resulta manifiesta”. Y dejaron un aviso: “Gane quien gane (en las elecciones), aquí no habrá minería”.
En Neuquén se confirmó el inicio de juicio oral a tres dirigentes mapuches de las comunidades Winkul Newen y Wiñoy Folil. Ubicadas a 30 kilómetros de Zapala, mantienen desde hace una década conflictos con empresas petroleras. En diciembre de 2012 se produjo un intento de desalojo, ordenado por la jueza Ivonne San Martín (muy cuestionada por sus fallos siempre adversos a los pueblos indígenas). La comunidad resistió y, pedrada mediante, hirió de gravedad en el rostro a la oficial de justicia Verónica Pelayes.
La causa fue caratulada inicialmente como “lesiones”. Luego pasó a “tentativa de homicidio” y “daño agravado”, con penas de hasta 15 años de cárcel. Los denunciados son Relmú Ñamku, Martín Maliqueo y Mauricio Rain. El juicio comenzará tras la feria judicial y puede ser la primera condena por un conflicto territorial mapuche. “Los sectores del poder están buscando una condena para que otras comunidades no defiendan el territorio. Es una clara persecución política y judicial por combatir al modelo petrolero-extractivo”, afirmó Relmú Ñamku.
