Treinta y seis fiscales federales rechazaron el desmantelamiento, ejecutado por el ministro Luis Petri, de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) que analizaban los archivos en poder de las Fuerzas Armadas para contribuir con las causas por crímenes de lesa humanidad.
Petri echó a 10 de los 13 expertos que analizaban los archivos de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) para contribuir con las causas de lesa humanidad, tras lo cual fiscales de todo el país aseveraron que las medidas “los deja sin una herramienta imprescindible”.
A la reciente presentación en Naciones Unidas, realizada por la diputada porteña Victoria Montenegro, de Unión por la Patria (UxP), y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), particularmente ante la relatoría de Argentina y la relatoría sobre Memoria, Verdad y Justicia, 36 fiscales expresaron su preocupación por la decisión de Petri de desarmar los equipos que investigan los crímenes de la dictadura, creados en 2010, y que aportaron más de 170 informes a las causas de lesa humanidad.
Denunciaron a Luis Petri en la CIDH por obstaculizar los juicios de lesa humanidad
Fue a través de una nota que le enviaron al procurador interino Eduardo Casal y que en las últimas horas fue remitida a Defensa, donde se explica el rechazo de unos los principales intervinientes durante estos juicios de lesa humanidad.
En aquel escrito, los fiscales sostuvieron que “la documentación relevada y suministrada a la Justicia por los Equipos, el aporte a su interpretación así como el de los reglamentos, las prácticas burocráticas y la operación regular de las Fuerzas Armadas, han sido esenciales para el desarrollo de las investigaciones, fundamentar las acusaciones y las sentencias”,
“Queremos destacar el compromiso y profesionalismo de sus integrantes en la tarea asignada durante todos estos años”, añadieron los fiscales. El titular de la cartera de Defensa había acusado a los investigadores de ser un “grupo parajudicial” dedicado a hacer “macartismo” dentro de las FF. AA.
“La pérdida de tal instrumento estatal redundará en desmedro irremediable para la labor judicial y, especialmente, en la de los magistrados del Ministerio Público Fiscal que intervenimos en la investigación y el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país”, resaltaron. En el texto, sugieren que se le pida a Petri que reconsidere su decisión.
La nota lleva las firmas de Pablo Parenti, Pablo Ouviña, Adolfo Villatte, Carlos Amad, Martín Suárez Faisal, Agustín Chit, Indiana Garzón, Alejandro Alagia, Miguel Blanco García Ordas, Diego Vigay, Miguel Palazzani, Flavio Ferrini, Marcelo García Berro, Federico Carniel, Dante Vega, Nuria Piñol, Esteban Bendersky, Carlos Gonella, Pablo Camuña, Leonardo Filippini, Gonzalo Miranda, Daniel Rodríguez Infante, Ana Oberlin, Félix Crous, Francisco Maldonado, Eduardo Villalba, Hernán Schapiro, Laura Mazzaferri, Leandro Ardoy, Álvaro Baella, Federico Reynares Solari, Juan Murray, Marcelo Obetko, Josefina Minatta, Ricardo Álvarez y el fiscal ante Casación Javier de Luca.
“Celebramos la presentación de los 36 fiscales en defensa de los equipos que investigan los crímenes de la dictadura. Todos los poderes del Estado deben garantizar el Nunca Más”, manifestó Abuelas de Plaza de Mayo tras la difusión de la nota de los integrantes del Ministerio Público.
Celebramos la presentación de los 36 fiscales en defensa de los equipos que investigan los crímenes de la dictadura. Todos los poderes del Estado deben garantizar el Nunca Más. https://t.co/m2G2VKklRH
— Abuelas de Plaza de Mayo (@abuelasdifusion) April 19, 2024
