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El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, minimizó este miércoles la movilización que se llevó a cabo un día antes frente al Palacio de Tribunales bajo la consigna Defensa de la Justicia. "Fueron 300 personas”, dijo el funcionario y subrayó que en el país hay “división de poderes”, además de recordar "fallos bochornosos” de la Justicia.
Fernández negó la existencia de un avance del Gobierno sobre el Poder Judicial, y se pregunto: “¿Dónde no están divididos los poderes?”.
"Sí, están divididos los poderes, si han sacado sentencias bochornosas; los jueces se han animado incluso a frenar (el uso de) las reservas del país”, citó como ejemplo en Casa de Gobierno.
Asimismo, fue consultado sobre el designado conjuez de la Cámara de Casación Penal Claudio Vázquez, que exhibe entre sus antecedentes comerciales, reportado por el Banco Central, ser deudor moroso de una deuda de diez mil pesos.
Fernández dijo que es “tonta” la explicación de que el conjuez Vázquez debe 10 mil pesos, y "si los debe, que vaya y que los pague; debe saber que debe ese dinero y nadie en sus cabales se vuelve moroso por diez mil pesos y es tan tonta la explicación que me hacen poner colorado a mi”.
Explicó que los designados conjueces, ”no son jueces que estarán in eternum y cuando se designe el verdadero magistrado, que va a ocupar esa vacante, dejará de serlo y podrá ser corto o largo el plazo, y cuanto antes se pongan a resolver esa temática, va estar resuelto y terminado el tema”.
El jefe de ministros recordó la sanción de la ley 27.145, que regula el procedimiento mediante el cual el Consejo de la Magistratura puede designar subrogantes por mayoría absoluta de los miembros presentes.
Añadió que mediante esa norma “se reemplazó a los magistrados que no trabajaban y el doctor Luis Cabral fue uno de los que no trabajaban”, y señaló que “esas 300 personas que se juntaron, en vez de ir contra una legislación del Congreso, fueron contra la decisión del juez en lo Contencioso Administrativo, Esteban Furnari, que tampoco se puede hacer, porque su propia reglamentación se lo prohíbe".
"Lo que debieran dejar de hacer es activar políticamente y ponerse a trabajar judicialmente, como corresponde, que es lo que debía haber sucedido desde un primer momento", finalizó.
Fuente: Télam
