Una acción de amparo ambiental colectivo fue presentada la semana pasada contra el Gobierno de Mendoza, el Departamento General de Irrigación (DGI) y AYSAM S.A. por la contaminación del Canal Pescara. Revela una trama de colapso de infraestructura, permisos ilegales y una contaminación con efluentes cloacales crudos de una gravedad sin precedentes. La demanda, presentada por la asociación civil OIKOS Red Ambiental, no solo busca la recomposición del ambiente, sino que pone en el banquillo de los acusados a lo más alto de la administración provincial.
El colapso del colector de Aysam desató una crisis ambiental sin precedentes en el canal Pescara
OIKOS no solo interpuso una acción de amparo ambiental colectivo contra el Gobierno de Mendoza, el Departamento General de Irrigación (DGI) y AYSAM S.A.. En un movimiento poco habitual, el escrito judicial –un expediente de más de 120 páginas al que tuvo acceso este diario– apunta directamente a las cabezas operativas: Sergio Marinelli, Superintendente General de Irrigación, y Humberto Mingorance, Presidente de AYSAM. La demanda solicita que se haga "extensiva la responsabilidad" a ellos "en su correspondiente carácter de autoridades de las personas jurídicas demandadas".
Cornejo, Marinelli y Mingorance
La crisis estalló con el colapso de la Colectora Máxima en Guaymallén. Frente al desborde de aguas servidas en calles populosas, AYSAM, bajo la conducción de Humberto Mingorance, propuso bombear los efluentes sin tratar al Canal Pescara. Del otro lado del mostrador, el Ing. Sergio Marinelli, al frente del DGI, emitió las resoluciones 319, 464 y 585 de 2025, avalando el vuelco masivo.
Sin embargo, la Fiscalía de Estado, en su Dictamen N° 53/25, fue lapidaria: el DGI, liderado por Marinelli, "carece de las facultades para declarar una emergencia hídrica o ambiental". Esa potestad es exclusiva del Gobernador. "La falta de una declaración formal de emergencia emitida por el órgano competente (Poder Ejecutivo) torna ilegítimas las resoluciones que permitieron el vuelco al canal Pescara", sentenció el organismo de control (Pág. 32). Marinelli, en los hechos, habría excedido sus competencias con su firma.
Mingorance, cornejista de la primera hora
Mientras Marinelli autorizaba desde su escritorio los vertidos, Humberto Mingorance desde Aysam demostró una incapacidad operativa flagrante. La demanda revela que AYSAM argumentó que "el equipamiento de bombeo necesario para un bypass de la magnitud requerida no está disponible en el país y demoraría seis meses en llegar". Esta falta de previsión y logística es central en la imputación de negligencia.
El vertido autorizado por Irrigación era provisorio y se convirtió en una medida de largo plazo
Pero el cargo más grave contra la gestión de Mingorance es la ineficacia de la desinfección. El DGI autorizó el vertido condicionado a una "doble desinfección". No obstante, los análisis de laboratorio muestran que el cloro residual fue sistemáticamente "no detectado" en el punto de descarga (Pág. 34). Esto significa que, en la práctica, AYSAM volcó cloaca cruda, incumpliendo la única condición que pretendía mitigar el desastre.
Prueba del daño
Los números son inclementes. Coliformes fecales en niveles millones de veces superiores al límite legal. Huevos de helmintos (parásitos) hasta 19 veces por encima del umbral seguro de la OMS. Una "alta carga orgánica y de nutrientes" que asfixia el ecosistema.
Frente a esta evidencia, la defensa de AYSAM bajo la presidencia de Mingorance fue calificada en la demanda como un "relato técnico-sanitario autojustificativo". La empresa argumentó que "no se han reportado brotes" de enfermedades, un estándar que, según la demanda, es insuficiente y "minimiza el hecho" de la contaminación alimentaria ya constatada.
La cautelar apunta a la reparación
Ante la gravedad de la situación, los demandantes no esperan a la sentencia final. Solicitan medidas cautelares inmediatas, un verdadero plan de emergencia para la cuenca que incluye:
• Cese de autorizaciones: "Suspender de manera provisional la emisión de nuevas autorizaciones para el vertido por parte de AYSAM de efluentes cloacales no tratados o insuficientemente tratados" en la cuenca.
• Declaración de Emergencia: Exhortar al Gobernador a "declarar la emergencia ambiental y sanitaria conforme la Ley 3796", único marco legal para adoptar medidas excepcionales.
• Agua segura para riego: Ordenar al DGI que garantice "una calidad hídrica apta para el riego que no afecte la salud pública".
• Plan de contingencia: Obligar a los demandados a presentar en 10 días un "Plan Provisorio de Contingencia hídrica, social, ambiental y productiva" que incluya el desvío temporal de efluentes a sistemas de contención seguros.
• Alerta sanitaria inmediata: Ordenar al Ministerio de Salud que elabore y difunda masivamente una "ALERTA SANITARIA a la población sobre manipulación de alimentos, técnicas de desinfección de hortalizas crudas y prevención de Enfermedades de Transmisión Hídrica (ETAs)".
• Mesa técnica urgente: Convocar en un plazo máximo de 5 días a una "Audiencia temprana y mesa técnica" con todos los municipios de la cuenca para consensuar metas, plazos y protocolos de acción.
• Inversión de la carga de la prueba: Aplicar el "principio de cargas dinámicas de la prueba", trasladando a los demandados (Gobierno, DGI y AYSAM) la obligación de demostrar que sus acciones no causaron daño.
Un juicio a la gestión pública
El amparo de OIKOS Red Ambiental trasciende la denuncia por contaminación. Es un juicio a un modelo de gestión donde la urgencia se usó para violar la ley, donde la falta de planificación se cubrió con decisiones improvisadas que envenenaron una cuenca productiva. Los nombres de Sergio Marinelli y Humberto Mingorance quedaron judicialmente vinculados a este fracaso.
La demanda no pide su renuncia; pide algo que, en derecho ambiental, es más contundente: que se los condene a recomponer el daño que su gestión autorizó o permitió. El caso Pescara ya no es solo una noticia sobre un canal sucio; es el expediente donde la sociedad civil le pone nombre y apellido a quienes, desde sus cargos, deben responder por el agua futura de Mendoza.
