El director internacional de la ONG, Kumi Naidoo, le pidió una reunión urgente al presidente Putin para buscar la liberación de los 30 presos, entre los que hay dos argentinos.
La Justicia rusa informó que encontró drogas y equipamiento sospechoso en el barco que trasladaba a los 30 activistas de Greenpeace detenidos en una protesta en el Ártico, mientras un abogado de la entidad sugirió que los estupefacientes fueron plantados y el director internacional de la ONG, Kumi Naidoo, pidió una reunión urgente con el presidente ruso, Vladimir Putin, para buscar la liberación de los presos.
Los 30 activistas, entre ellos los argentinos Camila Speziale y Hernán Pérez Orsi, apresados el 24 de septiembre, están en prisión preventiva hasta el 24 de noviembre, y la Justicia rusa rechazó recursos para su excarcelación.
Greenpeace acusó que las autoridades judiciales rusas a cargo de la causa "por piratería" contra un grupo de activistas de organización, que fue detenido cuando desplegó una protesta en una plataforma petrolera, plantaron drogas en el barco de la ONG que trasladaba a los ambientalistas.
El abogado de la ONG en Rusia, Mijail Kreindlin, deslizó que las autoridades rusas habrían armado la escena en el rompehielos con la intención de agravar la acusación sobre los activistas detenidos. "El barco se encuentra desde hace mucho tiempo sin tripulación y bajo control de gente desconocida. No quiero acusar a nadie pero allí se podría encontrar cualquier cosa. Nuestras normas internas prohíben cualquier uso de sustancias narcóticas", declaró el abogado.
El señalamiento de Greenpeace fue en respuesta a las aseveraciones de un vocero judicial ruso sobre el hallazgo de estupefacientes en el rompehielos que trasladaba a los activistas. "Durante la inspección del barco, se encontraron sustancias narcóticas (presuntamente opiáceas y morfina). Se estudia el origen de estas sustancias y qué uso se les daba", declaró Vladímir Markin, vocero del Comité de Instrucción de Rusia.
Agregó que también se encontraron equipamientos tecnológicos sospechosos que podrían haber sido utilizados "no sólo para fines ecológicos". Markin informó que "se prevé corregir los cargos ya presentados" contra los activistas, a quienes hasta ahora se los acusa de piratería, causa por la que podrían ser condenados hasta a 15 años de ser sentenciados culpables.
