Por Daniel Casas
Enviado especial de Télam a Iguala
Desde hace tres semanas taxistas y comerciantes callejeros de Iguala volvieron a pagar a las bandas criminales para poder trabajar, mientras la Policía Federal patrulla sólo las calles del centro de la ciudad, que poco a poco van recuperando las prácticas que tenían antes del 26 de septiembre, cuando entre la policía local y el cártel Guerreros Unidos hicieron desaparecer a los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
“Cuando ocurrió lo del 26 y 27 de septiembre los delincuentes salieron de Iguala, pero hace unos 20 días volvieron y están trabajando con toda normalidad en las narices de la Policía Federal, que no ha hecho mucho, por no decir nada. Acá la llamamos 'la policía turística' porque andan por el zócalo, se sacan fotos con las chamacas, pero si hay un robo en la calle no intervienen”, cuenta Mary Gaytán, comerciante y abogada.
Volvieron Los Peques y Los Tilos, que son los brazos armados de Guerreros Unidos en la ciudad, “y todo el mundo sabe que están cobrando peaje en el mercado Tianguis de los jueves”, agrega.
Gaytán es es una de las fundadoras del Frente Igualteco por la Dignidad y el Respeto a la Vida, que se formó el 9 de octubre a instancias de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que cuando fue a Iguala a reclamar por los 43 encontró una fuerte pasividad local.
“Comprendí que todos tenemos una parte de responsabilidad en lo que pasó por escudarnos en el miedo y quedarnos callados, no involucrarnos. Y de golpe uno aprende a exigir por sus derechos, por sus garantías individuales a las autoridades. Qué no somos sus subalternos sino que ellos son nuestros empleados”, cuenta Gaytán.
La desaparición de los estudiantes de Ayotizinapa colmó el vaso. Gaytán y un pequeño grupo comenzaron a activar para organizar el Frente Igualteco y convocaron por los medios locales a sumarse y a sacar a la luz los asesinatos previos a los del 26 de septiembre, que se cuentan por cientos y que nunca habían sido denunciados por el miedo a las represalias y por el desánimo que generan la impunidad y las complicidades ente la bandas y las autoridades.
El solo hecho de comenzar a descorrer el velo animó a muchos familiares de víctimas, que en estos dos meses denunciaron más de 370 casos de personas desaparecidas con la esperanza de confirmar si son de algunas de ellas los restos que están apareciendo en las fosas clandestinas que los propios familiares, no las autoridades, descubren día a día.
Esta militancia no fue gratuita para Gaytán. El 24 de octubre un hombre entró a su negocio con el pretexto de comprar un sombrero y la amenazó. “Ten cuidado con lo que estás haciendo. Déjate de mamadas (estupideces). No te metas porque tienes dos hijas, en prepa y en secundaria. Vives en La Huberto. Estás advertida”, le dijo.
La mujer se quedó pasmada, pero se sobrepuso y volvió a salir por radio convocando a la población a seguir denunciando. Le dijeron que la amenaza fue de algún estamento del gobierno “porque no le conviene que el pueblo se organice y, además, el narco no amenaza, viene a lo que viene y ya”.
Fueron no mas de cinco personas las que se comenzaron a reunirse en la parroquia de San Gerardo, a unas 10 cuadras del zócalo. Hoy son varias decenas las que van y trabajan para sumar a más víctimas y la iglesia se convirtió en un centro de documentación e información para los familiares de personas que fueron secuestradas, con fines extorsivos, o “levantadas” por alguna otra razón.
Una de aquellas cinco personas que fue a la parroquia fue Mayra Guevara Hernández, una mujer menuda y morena a la que en la mañana del 5 de julio de 2012 le secuestraron a su hermano, Tomás Guevara Hernández, que era taxista. Esa noche llamaron a su casa y pidieron un rescate de 300.000 pesos.
Aconsejados por las autoridades judiciales se negaron a pagar el rescate mientras no hubiera prueba de vida. Tres semanas más tarde llamaron por última vez. Atendió Mario, el hermano que hoy sube casi a diario a escarbar en los alrededores de Iguala en busca de más tumbas clandestinas. “Hijo de tu puta madre, te vas a arrepentir toda la vida; no lo vas a ver más”, dijeron.
“Hasta que pasó de los estudiantes de Ayotzinapa no hicimos nada. Nos encerramos, no salíamos por miedo. Seguimos llorando, pero ahora estamos con toda nuestra fe en Dios en esta búsqueda, por mi hermano y por tanta otra gente. Si no aparece el cuerpo de Tomás será el de otro, y habrá alguna familia que pueda salir de esta incertidumbre horrorosa”, dice, resuelta, mientras las lágrimas caen por sus mejillas.
Xiali Miranda no está en el Frente Igualteco por un familiar directo, “aunque tengo un primo desaparecido, porque no debe haber nadie en todo México que no tenga un pariente muerto por los cárteles”.
“Estamos trabajando con la PGR (Procuraduría General de la República) y en este tiempo se rescataron 22 restos humanos en 11 fosas en las zonas lindera a Iguala. En La Laguna, La Joya, Barranca del Tigre, todas a 10 o 15 minutos de Iguala”, informa.
“Por ahora nosotros estamos descubriendo dónde están las fosas y les avisamos a la PGR para que los exhumen y lleven los retos a México para hacerles las pruebas de ADN para buscar las correspondencias con los familiares que ya se sacaron muestras. Pero no sé cuanto durará esto, porque van a un ritmo muy lento”, agregó.
La confianza de los igualtecos organizados con la PGR es escasa porque es la misma gente que cuando se inició la búsqueda de los 43 normalista de Ayotzinapa vio estas mismas tumbas y pasó de largo porque no eran recientes.
“Luego la gente empezó a buscar por su cuenta y no tuvieron más remedio. ¿Pero cómo puede ser que subamos nosotros y encontremos y ellos van y no ven nada? No buscan con la necesidad de encontrar. Acá cuando encontraban cuerpos los tiraban en una fosa común, como para dificultar cualquier investigación”, cuenta Xiali, que es psicóloga y trabaja como tal en una escuela de Iguala, donde no ven con buenos ojos su militancia.
