El 16 de octubre, la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza se movilizó al nudo vial de la Costanera para exigir mejoras salariales y el cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo aprobado por la Suprema Corte en 2022. L
a protesta, convocada a las 10:30, generó demoras en el tránsito y fue acompañada por carteles con los rostros del gobernador Alfredo Cornejo y los ministros de la Corte, en repudio a los aumentos otorgados a funcionarios mientras —según el gremio— el resto del Poder Judicial percibe “salarios de indigencia”.
Imputaciones y escalada judicial
Durante la manifestación, dos personas fueron demoradas por la Policía al intentar colocar carteles sobre el puente. Este lunes, en plena asamblea gremial en el Polo Judicial, el secretario general Ricardo Babillón y el tesorero del sindicato fueron notificados de su imputación por parte de la justicia por esa protesta. La acusación incluye “atentado a la autoridad, entorpecimiento de los transportes y atentado leve a la autoridad”. Desde el sindicato confirmaron que también serán imputados el secretario gremial y la secretaria de actas.
Una política de disciplinamiento
La imputación a Babillón no es un hecho aislado. En Mendoza, alzar la voz puede significar perder el trabajo, enfrentar causas judiciales eternas o ver la puerta de la cárcel desde adentro.
La criminalización de la protesta ha dejado de ser una excepción para convertirse en una política de disciplinamiento estatal. En noviembre de 2024, el juez Juan Manuel Pina, del Juzgado Penal N°1, equiparó el derecho a peticionar en las calles con un delito y elevó a juicio una causa contra varios gremialistas que se manifestaron por mejoras salariales.
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El caso Blas y el precedente judicial
En aquella audiencia colectiva, Raquel Blas —referente de ATE— fue la única que rechazó la probation impuesta por el juez, lo que derivó en la elevación a juicio de su causa. El resto de los sindicalistas aceptó la suspensión del juicio a cambio de cumplir condiciones impuestas por la justicia. El caso marcó un precedente preocupante: protestar puede ser considerado delito, y la justicia ofrece “alternativas” que implican reconocer culpabilidad por ejercer derechos constitucionales.
Raquel Blas acudirá a la Corte contra el fallo que criminaliza la protesta en las calles de Mendoza
Silenciar el conflicto
Organizaciones sindicales y de derechos humanos advierten que estas imputaciones buscan disciplinar la protesta y desalentar futuras movilizaciones. “No es casual que se impute a quienes reclaman por salarios dignos mientras se premia con aumentos a quienes sostienen el statu quo”, señalaron desde el sindicato judicial.
La causa contra Babillón y otros referentes gremiales podría escalar en los próximos días. Mientras tanto, el conflicto salarial en el Poder Judicial sigue sin resolverse, y la tensión entre el gobierno provincial, la Corte y los trabajadores se profundiza. En este escenario, la criminalización de la protesta aparece no como una excepción, sino como una herramienta sistemática para silenciar reclamos legítimos.
