Por Enrique Pfaab
Para Un argentino en Ayotzinapa
Padres de los normalistas desaparecidos y el abogado que los representa, Vidulfo Rosales, se reunieron este martes con funcionarios de la Procuraduría General de la República, para ponerse al tanto del estado de la investigación.
Allí se les informó que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, está acusado por ser el ideólogo del secuestro de los estudiantes y que su esposa, María de los Ángeles Pineda, tiene sobre sí una gran cantidad de cargos por delitos de delincuencia organizada.
En total hay 97 personas detenidas y se tomaron 380 declaraciones. Si bien la PGR aceptó analizar la posibilidad de que se investigue la línea que involucra al Ejército, dijeron que para ellos “la investigación está agotada”. En cambio los padres sostienen que hay 10 testimonios de policías municipales de Iguala y de sicarios del grupo narco Guerreros Unidos, que sostienen que los militares tuvieron participación en el caso.
Allí se informó que el Ministerio Público Federal libró 221 órdenes de captura, de las cuales se logró ejecutar 97 y se acotó que varias de estas 221 personas están acusadas por diferentes cargos y distintos hechos.
También se indicó que está acreditada la vinculación de María de los Ángeles Pineda con el grupo narco Guerreros Unidos y que la esposa del alcalde de Iguala, junto a otras 52 personas, están imputadas por el delito de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita.
Por su parte el acalde y otras 45 personas fueron imputados por el delito de secuestro de los 43 estudiantes desaparecidos.
El informe lo dio el director de la Agencia de Investigación Criminal (ACI), Tomás Zerón, quien dijo que “se han agotado todas las líneas de investigación surgidas durante la indagatoria”. Además dijo que a los padres de los normalistas, se les exhibió un video en donde se detalla la investigación y que en los próximos días se pondrá a disposición de la prensa.
Zerón sostuvo que estos resultados se apoyaron en “estudios científicos que constan en la averiguación previa y de las que se desprende de las declaraciones de los involucrados, especialmente de quienes participaron en la última etapa de los hechos, que es aquella teoría de que los normalistas secuestrados y luego dejados en manos de Guerreros Unidos, que se encargó de asesinarlos y quemar los cuerpos.
También el funcionario acotó que, de los 30 cadáveres que se hallaron en fosas clandestinas mientras se buscaba a los normalistas, 12 de esos cuerpos han sido identificados y serán entregados a sus familias.
Quieren que se investigue al Ejército
El informe de la Procuraduría no dejó satisfechos a los padres ni al abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que los representa. Vidulfo Rosales dijo que “ellos (PGR) dicen que son insuficientes los datos que hay para abrir una investigación sobre el Ejército. Nosotros vemos que hay reticencias a esa línea de investigación”, indicó, y agregó que “hay al menos 10 testimonios en el expediente, que involucran al Ejército de colaborar con el grupo narco Guerreros Unidos”.
Más allá si ejecutaron alguna acción en el hecho, parece evidente que al menos se liberó la zona para que las policías de Iguala y Cocula, sumados a los narcos, pudieran ejecutar toda la acción sin estorbos.
Esto se torna evidente ya que hubo decenas de comunicaciones radiales esa noche y todo el operativo de emboscada, detención, traslado, ejecución y quema de los cuerpos, duró casi 20 horas. Solo la detención de los normalistas, se extendió por más de 4 horas y en donde se disparó varias veces contra los estudiantes.
