Por Giorgio Trucchi
Para Rebelión
El más reciente informe de Global Witness “Defender el mañana” arroja datos cada vez más preocupantes acerca de los ataques sistemáticos contra quienes defienden la tierra y los bienes comunes, en medio de una crisis climática y ambiental sin precedentes.
De acuerdo con el informe (disponible aquí en su versión en español), el año 2019 ha sido el más letal para las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Son 212 las personas asesinadas en el mundo, más de dos tercios de ellas (148) en América Latina que vuelve a posicionarse como el continente más peligroso para la defensa de los bienes comunes.
En promedio, cuatro personas defensoras han sido asesinadas cada semana desde diciembre de 2015, mes en el cual se firmó el Acuerdo Climático de París. Además, el informe señala que defensores y defensoras sufrieron todo tipo de ataque no letal, entre otros, ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte, campañas de estigmatización y difamación, acoso, hostigamiento, violencia sexual, demandas judiciales y encarcelamiento.
América Latina, la más letal
Colombia (64) y Filipinas (43) encabezan la trágica lista, sumando más de la mitad de los asesinatos. En el caso de Colombia, el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, “categorías” que incluyen a personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, ha marcado dramáticamente el período post-acuerdo de paz. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fueron 368 las y los líderes asesinados entre 2016 y 2019, y ya son 37 los que perdieron la vida en lo que va del año.
En el caso de Filipinas, los ataques contra personas defensoras experimentaron un aumento significativo, alcanzando los 43 asesinatos en 2019, en comparación con los 30 del año anterior.
Brasil (24), México (18), Honduras (14) y Guatemala (12) son los países con la mayor cantidad absoluta de personas defensoras asesinadas después de Colombia y Filipinas. Sin embargo, si calculamos el número de asesinatos per cápita, Honduras se convierte en el país más peligroso para las personas defensoras de la tierra y los bienes comunes. A su vez, es el país con el mayor aumento en el porcentaje de ataques letales contra activistas.
La región amazónica resultó ser una de las zonas más afectadas con 33 asesinatos. Casi el 90% de los asesinatos en Brasil ocurrieron en la Amazonía.
Minería y agroindustria con más asesinatos
La minería sigue siendo el sector asociado a la mayoría de asesinatos a nivel mundial (50), mientras que en la agroindustria, en especial en los monocultivos de palma africana y caña de azúcar, “los ataques, los asesinatos y las masacres fueron utilizadas como tácticas disuasorias”.
En 2019, Global Witness documentó 34 asesinatos relacionados con la agricultura a gran escala, con un aumento de más del 60% respecto al año anterior desde 2018.
La explotación forestal fue el sector con el mayor aumento de asesinatos a nivel mundial, registrando un incremento del 85% respecto al 2018 en los ataques contra personas defensoras que se oponen a esta industria.
Una vez más las poblaciones indígenas fueron las principales víctimas de los ataques mortales. El año pasado, el 40% de las personas defensoras asesinadas pertenecían a comunidades indígenas. En los últimos cinco años (2015-2019) más de un tercio de todos los ataques mortales fueron contra pueblos indígenas, lo que los convierte en las comunidades en mayor riesgo a nivel mundial.
Subregistro
Global Witness advierte también lo difícil que es captar con precisión la verdadera dimensión del problema, ya que en varios países las restricciones a la libertad de prensa, la ausencia de registros gubernamentales y de la sociedad civil sobre los abusos documentados y situaciones de conflictos pueden generar un subregistro significativo.
Pese a la dificultad para identificar a los perpetradores de tantos asesinatos, Global Witness pudo vincular a fuerzas estatales con 37 de los asesinatos. También se sospecha de la participación de actores privados como sicarios, bandas criminales y guardias de seguridad privados.
“Durante años, las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente han estado en la primera línea de defensa contra las causas y los impactos del colapso climático (…). Sin embargo, la mayoría de las empresas, las financieras y los gobiernos no son capaces de protegerlas en su trabajo que es vital y se desarrolla de forma pacífica.
Si queremos frenar el colapso climático debemos seguir los pasos de las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. Tenemos que escuchar sus demandas y amplificarlas.
Debemos presionar a quienes están en el poder para que aborden las causas estructurales del problema, apoyen y protejan a las personas defensoras y establezcan regulaciones que garanticen que, tanto los proyectos como las operaciones, se implementen con la debida diligencia, transparencia y consentimiento libre, previo e informado”, concluye el informe.
El informe incluye un punto sobre Argentina:
"Como consecuencia de los problemas económicos, en Argentina ha aumentado la presión para permitir la extracción de combustibles fósiles mediante la controvertida técnica del fracking (fractura hidráulica).
Un comité de expertos, designado por el gobierno y el pueblo mapuche, concluyó que Vaca Muerta, al oeste de la Patagonia, ha sido ocupada por comunidades indígenas mapuche desde, al menos, 1927.
El área también se encuentra en la segunda reserva de gas de esquisto más grande del mundo.
Las autoridades locales les negaron a los pueblos indígenas el derecho sobre sus tierras, despejando el camino para la extracción de este gas.
En septiembre de 2019, en medio de la reportada proliferación de puntos de control y vigilancia de seguridad privada, el gobierno argentino encomendó a la Gendarmería Nacional resguardar las operaciones de fracking en Vaca Muerta. Una acción que ha sido interpretada como un intento de intimidación a los mapuches para que renuncien a sus derechos ancestrales sobre la tierra".
