Por Javier Polvani
@JavierPolvani
Sectores del Departamento General de Irrigación identificados con dirigentes que anidan en el radicalismo que acaba de asumir el Gobierno de Mendoza promoverán una investigación de la Auditoría General de la Nación sobre la gestión del superintendente José Luis Álvarez, quien fue designado por Francisco Pérez con acuerdo del Senado hasta 2017.
En línea con la movida de la vicegobernadora Laura Montero para analizar lo hecho con los fondos públicos en todas las áreas del Estado, desde el bloque de senadores radicales se presentará un pedido de informes sobre la gestión de Álvarez para iniciar el trámite que tiene como destino una resolución de la AGN, que será presidida por el kirchnerista Ricardo Echegaray, según resolvió el peronismo, la principal fuerza de oposición en el Congreso.
El radical Marcelo Romano, socio político de la vicegobernadora Laura Montero que se postula para ser el próximo superintendente de Irrigación, está al frente de una estrategia para demostrar supuestas irregularidades en la conducción del organismo del agua en la gestión de Álvarez, quien asumió como superintendente en reemplazo de Eduardo Frigerio, dirigente del fallecido operador Juan Carlos Mazzón que fue acusado de los peores pecados hasta que se cayó del cargo, pero nunca hubo una sentencia judicial en su contra.
Romano, quien impulsó la Ley 7.722 conocida como “antiminera” y actúa como abogado de planteos colectivos por el agua, acusa a Álvarez de haber continuado con las líneas cuestionadas a Frigerio. De fondo está la pelea por el agua de riego, la que corre por los canales y la que se extrae del subsuelo. Los protagonistas de la pelea son los dueños de la tierra.
Romano activará una investigación en el Senado para que termine en la AGN. “Las bases piden respuestas, hay que empezar a darlas”, le dijo el radical a este medio. En un requerimiento con el formato de un pedido de informes, los radicales pedirán desde el Senado los datos de Irrigación que luego someterán a un análisis del organismo nacional de control extrapoder.
Desde los pequeños y medianos productores, principalmente del Valle de Uco, pero también del Este, vienen denunciando un manejo distorsionado de Irrigación para favorecer los intereses de los capitales foráneos que tienen cientos de hectáreas concentradas, a diferencia de la atomización de dueños que presentan otros paños productivos.
En Mendoza, se creó el Departamento General de Irrigación para que los dueños de la tierra se repartieran el agua dentro de un marco institucional despegado del voto para elegir autoridades provinciales. Irrigación son los regantes y los regantes son los dueños de la tierra. El agua en esta provincia es en buena medida una cuestión inherente sólo a los dueños de la tierra.
La estabilidad constitucional del cargo de Álvarez lo pone a resguardo de un decreto destituyente del gobernador Alfredo Cornejo, quien no manifestó hasta ahora tener esa estrategia en los planes del inicio de su administración, pero está sometido a la presión de un sector del radicalismo contenido por su vicegobernadora.
El camino que pretende forzar el grupo de Romano es el del Jury, que está previsto para la destitución del superintendente por mal desempeño. Motorizarán cuatro denuncias para enmarcar la avanzada sobre el cargo de Álvarez por los carriles institucionales. Pero la decisión final depende exclusivamente de Cornejo.
