"Mendoza fue una provincia estratégica en el corredor represivo, no sólo por su ubicación geográfica sino que la DINA (N. de la R: policía secreta chilena) estableció allí una oficina permanente y también el coronel José Osvaldo Riveiro (segundo jefe en el batallón de Inteligencia del Ejército Argentino) actuaba en Mendoza como parte de la SIE (Secretaría de Inteligencia del Ejército). Mendoza era una frontera transitada por parte de agentes chilenos y argentinos que, con documentación falsa, cruzaban la frontera para el plan represivo", ilustró Jaime Nuguel, representante de las querellas que abrieron la causa por la Operación Cóndor en 1999.
El Plan Cóndor fue establecido el 25 de noviembre de 1975 en una reunión realizada en Santiago de Chile entre Manuel Contreras, jefe de la DINA, y los líderes de los servicios de inteligencia militar de Argentina (gobernada por Isabel Martínez de Perón), Bolivia, Paraguay y Uruguay (estos últimos con gobiernos militares). Nuguer explicó en una entrevista en Radio Nacional cuáles fueron los alcances de participación de Mendoza en ese plan, por cuyas consecuencias hay 22 acusados, están los principales líderes militares argentinos que siguen con vida, como Reynaldo Benito Bignone y Santiago Omar Riveros, pero también Manuel Cordero Piacentini, enlace con Argentina y uno de los integrantes más conocidos del ejército uruguayo.
Nuguel remarcó en el programa El Alegato que en la causa por la Operación Cóndor y el vínculo de Mendoza como sitio estratégico en lo geopolítico, también fue importante la declaración del pastor metodista Federico Pagura, "quien brindó asistencia a exiliados chilenos en su iglesia. Incluso sufrió ataques en su templo". El ataque al que hace referencia Nuguer ocurrió en setiembre de 1975, a seis meses del golpe de Estado del 76 y a 15 meses del profesor Mauricio López, miembro del equipo Ecuménico de Mendoza.
En la causa, denominada “Operación Cóndor”, se investiga la coordinación represiva entre las dictaduras del cono sur, y la fiscalía apunta a probar por primera vez ante los tribunales la existencia de la asociación ilícita entre las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para perseguir y eliminar opositores en cualquiera de esos países.
En el debate se juzgan 108 casos de víctimas del Plan Cóndor y otros 67 hechos que afectaron a víctimas del centro clandestino de detención Automotores Orletti, una de las sedes locales de la empresa criminal continental.
Entre los 22 imputados se encuentran el dictador Reynaldo Bignone y el ex Comandante del Cuerpo IV de Ejército, Santiago Omar Riveros.
El juicio comenzó el 5 de marzo de 2013 y se tramita ante el Tribunal Oral Federal nº1, integrado por Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Pablo Laufer.
