La Plaza San Martín volvió a ser epicentro de jubilados y jubiladas de Mendoza que protagonizaron su ronda número 87 en reclamo por sus derechos básicos vulnerados. Presentaron un compromiso público que sólo tres fuerzas políticas decidieron firmar. La jornada estuvo marcada por denuncias contra el ajuste nacional y provincial, el vaciamiento del sistema de reparto, la falta de medicamentos y la represión a las movilizaciones pacíficas.
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Desde enero de 2024, cada miércoles se manifiestan en plazas de Godoy Cruz, Las Heras, La Consulta y San Rafael. Esta vez, además de exigir cobertura médica y aumentos reales en sus haberes, llamaron a no votar a la alianza LLA-UCR que encabeza Luis Petri, a quien acusaron de avalar el ajuste y de integrar listas con referentes del llamado “Partido de los Jubilados”, al que denunciaron por falsa representación.
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Haberes de indigencia, remedios inaccesibles y represión
El documento leído por los manifestantes expone una situación crítica: el haber mínimo jubilatorio en octubre es de $396.304,88 (incluyendo un bono de $70.000), mientras que la canasta básica para un jubilado supera el $1.514.000, según la Defensoría de la Tercera Edad. “Hoy un jubilado está entre la disyuntiva de comer, pagar alquiler o comprar sus remedios”, señalaron.
Denunciaron además el incumplimiento judicial por parte del PAMI en la entrega gratuita de medicamentos, el retiro de profesionales como traumatólogos, el aumento de cuotas en obras sociales como OSEP y la falta de representación efectiva en sus directorios. También alertaron sobre el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad por parte del ministro Luis Caputo, al que calificaron como “timador”.
La represión a jubilados en Buenos Aires fue otro eje del reclamo. Recordaron el caso de Pablo Grillo, fotógrafo herido durante una manifestación, como símbolo de la criminalización de la protesta. “Todos los miércoles nuestros compañeros son reprimidos en forma criminal y cruel”, denunciaron.
Propuestas concretas y silencio legislativo
El compromiso presentado incluye medidas urgentes como:
- Declaración de la emergencia social para acabar con el hambre.
- Aumento de jubilaciones y pensiones acorde a la canasta básica.
- Restauración de moratorias previsionales.
- Defensa del sistema público de reparto y rechazo a las AFJP.
- Restitución de medicamentos gratuitos por parte del PAMI.
- Fiscalización de obras sociales y representación efectiva de jubilados.
- Investigación sobre represión estatal y judicialización de la protesta.
Los jubilados cuestionaron la inacción de muchos legisladores frente a los vetos presidenciales que congelaron la movilidad jubilatoria. “¿O acaso están de acuerdo con la pauperización de nuestro sector?”, interpelaron.
Tres firmas, muchas ausencias
Solo tres fuerzas políticas firmaron el compromiso: Fuerza Justicialista Mendoza (Marisa Uceda), el FITU (Micaela Blanco Minoli) y Protectora (Carolina Jacky), quien además se comprometió a impulsar el juicio político contra Milei por “violar la Constitución al desproteger a jubilados y personas con discapacidad”.
No firmaron el Frente Verde (con Mario Vadillo a la cabeza), el Frente Libertario Demócrata (que postula a Gabriel Sottile), Provincias Unidas (con Jorge Difonso como cabeza de lista) y claro está el Frente LLA-UCR (que lleva a Luis Petri en primer lugar) y el Partido de los Jubilados.
“Nadie se salva solo”: el llamado a la unidad
El cierre del documento retoma las palabras del Papa Francisco: “Nadie se salva solo”. Los jubilados mendocinos convocaron a todos los sectores —trabajadores, mujeres, pueblos originarios, disidencias, ambientalistas— a construir un país más soberano, solidario y justo. “Es tiempo de dejar de lado proyectos personales y salvar a la Patria”, concluyeron.