La faena de los abogados de detenidos y desaparecidos durante la dictadura militar fue puesta en relieve en una nueva audiencia del juicio a jueces que se hace en los tribunales de Mendoza y que sentó en el banquillo a policías, funcionarios judiciales, jueces y militares. Fue a través de los recuerdos y el relato que pudo reconstruir Haydee Fernández, testigo del juicio, abogada y militante peronista, defensora de muchos de los militantes montoneros detenidos en el operativo de febrero del 76, bajo el gobierno de María Isabel Martínez de Perón.
Fernández fue una de las profesionales que por atender a montoneros fue secuestrada también y torturada en dependencias como el D2. Según la CONADEP, fueron secuestrados y desaparecidos, entre marzo y diciembre de 1976, 109 abogados en todo el país.
Representaban el bastión de legalidad que había que someter, el de los abogados, que resistieron desde el primer momento del golpe. Debían ser eliminados lo más rápido posible. Esto porque serían "la cabecera de playa de una resistencia silenciosa".
Fernández, junto a profesionales como ángel Bustelo, Héctor Rosendo Chávez, Fuad Toum y Alfredo Guevara fueron abogados militantes y perseguidos.
Los abogados eran buscados por los familiares de detenidos "para evitar que los torturaran, porque eran los únicos dispuestos a atender los casos. No hacíamos diferencias según cual fuera la actividad que tenían (los detenidos). Queríamos que se los juzgara como se debía, éramos como un servicio de urgencia. Lo primero era salvarles la vida, la salud y la integridad física", dijo Bustelo años ha.
Además de Fernández, brindó su testimonio al tribunal Guido Actis, militante montonero a quien no lograron secuestrar en el operativo de febrero del 76, pero sí cayó poco después y fue llevado al D2 y a la Penitenciaría. Relató, como ya han hecho otros testigos del juicio, la cruel muerte de Miguel Gil, a quien en su agonía le aplicaron una especie de "pirámide humana" de otros detenidos.
Actis, hijo de gendarmes, sufrió ensañamiento contra su persona por parte de los penitenciarios, que le aplicaron todo tipo de castigos físicos.
Ambos testimonios involucraron a los jueces juzgados, sobre todo hicieron hincapie en el rol de Otilio Romano como administrador de justicia y brazo ejecutor de mucha de las medidas que padecieron los presos políticos.
Fuente: Radio Universidad/Derechos.org
