El próximo lunes la jueza Claudia Tula podría definir la libertad de Mauricio Cornejo, el vecino de Uspallata detenido tras protestar contra la mina San Jorge.
Cornejo es comerciante y músico y uno de los más activos militantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de la villa cordillerana. Fue detenido el 24 de febrero, a instancias de una denuncia de Edgardo Vera, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata por presuntas amenazas.
Sin embargo, no presentó testigos de tal denuncia y Cornejo no tiene antecedentes, razones que llevan a las Asambleas por el Agua a calificarlo como un preso político.
Tula, del Juzgado Penal Colegiado N 2, postergo varias veces la audiencia para definir el destino de Cornejo. Del 11 pasaron la audiencia al 14 de marzo y este martes volvieron a postergarla, esta vez para el 31 de marzo.
Desde hace una semana está en prisión domiciliaria en casa de uno de sus hermanos. Otro vecino y compañero de Cornejo en la asamblea, Federico Soria, tiene pedido de captura, pero no se conoce su paradero. También debe resolver su situación la jueza Tula.
La dilación de las causas y el eterno peregrinar por los tribunales es un clásico del aparato de poder cornejista contra opositores y asambleístas.
Un caso testigo de este accionar es el de Nora Moyano, asambleísta de Las Heras, denunciada en 2019 por protestar junto a miles de mendocinos en las afueras de la Legislatura contra el derribo de la Ley 7722. La causa contra Moyano es por "privación ilegítima de la libertad".
Una de las causas, la de Moyano, comenzó a tramitarse en diciembre de 2019, tras la denuncia de Jerónimo Shantal, quien entonces era asesor legislativo y fue premiado por Cornejo con la dirección de Minería. La otra acaba de iniciarse, cuando en Uspallata están en ebullición las protestas contra San Jorge.
Vecinos piden acompañar la audiencia
Asambleístas y vecinos pidieron acompañar la audiencia, que se hará desde las 10.30 en el Polo.
"La reinstauración de este Proyecto San Jorge es un acto antidemocrático, fue derogado por el poder legislativo en el 2011, ya que en 2010 fue rechazado por un 73% de participantes la Audiencia Pública (que duró 2 días y participaron más de 700 oradores). Esta nueva arremetida del gobierno es inconstitucional y es un ejemplo más de la impunidad con que se instala la megaminería", argumentaron.
"Consideramos que es necesaria la solidaridad y la unión de quienes nos oponemos a este gobierno extractivista y antidemocrático y es por esto que les convocamos a acompañar con su presencia la audiencia judicial que se realizará el día lunes 31 de marzo en el Polo Judicial de Mendoza", señalaron en un documento difundido en las últimas horas.
