La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Mendoza ha expresado su rechazo al uso de pistolas TASER por parte de la Policía y los cuerpos de preventores municipales, en una medida impulsada por el gobierno provincial.
Diversos organismos de derechos humanos han alertado sobre los riesgos y la letalidad de estas armas, planteando serias objeciones a su implementación.
En un comunicado, la APDH calificó las TASER como “instrumentos de tortura”, citando el dictamen del Comité contra la Tortura de la ONU, que considera que su uso vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
"Las TASER son un instrumento de tortura. No es una opinión sino el dictamen del Comité contra la tortura de la ONU. Las TASER violan derechos humanos consagrados en nuestra Constitución", señala el documento de la APDH.
Otros organismos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), han señalado que las TASER solo reducirían la letalidad policial si fueran empleadas en reemplazo de armas de fuego en situaciones extremas, pero su supuesta condición de “no letales” podría ampliar indebidamente los escenarios de uso por parte de las fuerzas de seguridad.
Un informe de Amnistía Internacional reveló que, entre 2000 y 2007, en Estados Unidos murieron 334 personas a causa de las TASER, de las cuales más del 90% estaban desarmadas. La American Civil Liberties Union (ACLU) también ha advertido que el uso de estas armas, lejos de reemplazar el empleo de fuerza letal en situaciones de último recurso, se ha convertido en un instrumento habitual de control, lo que ha incrementado el número de muertes vinculadas a su uso.
Desde el año 2024, el gobernador Alfredo Cornejo ha promovido el uso de estas armas en Mendoza, incluso habilitando por decreto su empleo por parte de vigiladores privados. La APDH advierte que esta decisión evoca la proliferación de picanas eléctricas utilizadas en el pasado por fuerzas represivas, lo que podría derivar en prácticas de violencia institucional y abuso policial.
Además, la APDH subrayó la gravedad de permitir el uso de estas armas por parte de preventores municipales y guardias de seguridad privada, quienes carecen de la formación y atribuciones necesarias para intervenir en situaciones de seguridad ciudadana.
. “Se trata de una irresponsabilidad mayúscula que resigna potestades estatales en favor de agentes sin legitimidad para atacar ciudadanos”, señala el comunicado.
El gobierno mendocino y los municipios que lo secundan han sido duramente criticados por organismos de derechos humanos, que consideran que esta medida trivializa el uso de las TASER y profundiza el deterioro de las garantías fundamentales de la población.
