La Asamblea Popular por el Agua renovó el alerta por la Ley 7.722 ante la fuga de cianuro en la mina de la Barrick en Veladero

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Tras la falla en sistemas de seguridad de la Barrick Gold en la mina de Veladero, San Juan, que derivó en una fuga de cianuro en cauces de agua, las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP) insistieron en la lucha por la constitucionalidad de la Ley 7722, que impide la minería con esa y otras sustancias contaminantes.

En tanto en las plazas de Jáchal y 25 de Mayo, de la Capital sanjuanina, hubo en la noche del domingo y del lunes sendas manifestaciones en contra de la minerìa contaminante tras la filtración de cianuro en Veladero. Las autoridades sanjuaninas, del gobernador Gioja hacia abajo, intentaron minimizar lo ocurrido.

"Nos preguntamos, ¿no es que nos dicen que se puede hacer megaminería con controles?, ¿dónde están esos controles?, ¿qué significa que el cianuro se haya derramado y que rápidamente se diluyó en el río?, ¿eso significa que el problema se solucionó al llegar la sustancia tóxica al río que abastece el consumo de agua a la población de Jachal?, ¿por qué la Barrick Gold no habla sobre lo sucedido en su página oficial?, ¿por qué el gobierno sale apresurado a defender a esta mega-empresa?", señalaron los asambleístas mendocinos.

Luego los asambleístas apuntaron contra las autoridades sanjuaninas: "Sumado a las declaraciones del gobernador sanjuanino, quien históricamente ha mostrado ser una de las piezas claves para el negocio de la megaminería en nuestro país, quien minimizó lo ocurrido como si fuese vocero de la empresa; el Secretario de Gestión Ambiental y Control Minero de San Juan,Marcelo Ghiglione, explicó para el mismo matutino donde había hecho las declaraciones el gobernador, que se trató de 'una falla técnica en una válvula' y que 'inconvenientes de este tipo no se registraron en los últimos 15 años', y agregó: 'El material salió del valle de lixiviación y fue hacia el río Taguas, pero rápidamente se diluyó y actualmente el problema está solucionado'”.

Las declaraciones de los funcionarios públicos, consideraron, "demuestran la complicidad que tienen con las empresas megamineras y la inexistencia de controles por parte del estado en este tipo de emprendimientos. Esto reafirma nuestra histórica postura de que la megaminería es secante, saqueante y contaminante como lo hemos denunciado a lo largo de todos estos años".

Recordando que en Mendoza aún la Corte no se expide por la constitucionalidad de la ley que impide el uso de cianuro y otras sustancias para minería, la Asamblea Popular señaló: "Por estos días, en Mendoza, estamos también en estado de alerta y movilización como lo hemos demostrado en las últimas semanas, ante los embates judiciales que buscan derribar una ley que es constitucional, la cual nació al calor de la lucha popular en toda la provincia. Esta ley nace contra la megaminería y en defensa irrestricta del agua.  Las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura seguimos en la defensa de la constitucionalidad de la Ley 7722, la cual prohíbe la utilización de sustancias tóxicas en el proceso de lixiviación. Esta ley, nos protege de atentados contra la naturaleza y contra nuestras sociedades; y asegura que hechos como estos no ocurran más".

 

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