La 7722, siempre en disputa

La Cámara de Empresarios Mineros apuesta a una campaña de propaganda para reinstalar la megaminería en la agenda 2022

Share
Tiempo estimado de lectura: 2 minutos

Raúl Rodríguez (CAMEM) apuesta a poner a la megaminería en agenda en 2022. Foto: Perfil Industrial

La Cámara de Empresarios Mineros (CAMEM) volvió a la carga con su prédica contra la 7722 y sigue con la presión para reinstalar la discusión que le abra la puerta a la megaminería metalífera en Mendoza: “Queremos que la minería vuelva a ser un tema de agenda en 2022”.

Quien pronunció esta frase fue Raúl Rodríguez, presidente de la CAMEM, entidad miembro de la UIM, cuyo flamante presidente también dijo semanas atrás que buscarán reinstalar el debate de la megaminería con cianuro u otras sustancias prohibidas por le 7722.

Rodríguez admitió que la clave estará en la campaña de propaganda que los lobbistas mineros encaren para tratar de convencer a los amplios sectores de Mendoza que se oponen al uso de esos tóxicos para extraer minerales.

“Es clave poder conversar sobre las posibilidades que se abren para Mendoza si el sector se desarrolla y haremos todo para responder dudas, preguntas y alternativas para resolver la ecuación”, sostuvo Rodríguez.

En ese tren, Rodríguez instó a "buscar el diálogo con quienes no quieren el avance de la megaminería, aunque de entrada se negó a llamarlos ambientalistas.

“No los llamamos ambientalistas porque no creemos que lo sean, nosotros también somos ambientalistas y estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente no solo como empresarios sino también de manera personal”, remarcó el empresario en un comunicado difundido por la UIM.

En el mismo documento, cuestionó la legitimidad de la Legislatura para resolver la cuestión final sobre proyectos mineros, uno de los artículos más importantes de la 7722 y que fue refrendado por la Suprema Corte de la Nación.

Textual:

"En este sentido y en relación a la ley 7722, la postura de Camem es que no ha llegado ninguna inversión desde su sanción no solo por las limitaciones en el uso de sustancias sino, principalmente, porque es la Legislatura (un órgano político que poco sabe de cuestiones técnicas, ambiente, etc.) la que tiene la palabra final sobre la Declaración de Impacto Ambiental".

 

Share