La Comisión Interamericana de Derechos Humanos elaboró una serie de recomendaciones al Estado chileno, donde plantea la necesidad de avanzar en los juicios de los responsables de torturas a oficiales de la Fuerza Aérea durante la dictadura.
Nombres entre los que figura el del general Alberto Bachelet, padre de la presidenta electa, Michelle Bachelet.
Se trata de un documento de seis puntos, publicado por el sitio web The Clinic Online, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomienda al Estado de Chile que investigue, juzgue y sancione a los responsables de las torturas sufridas por ex oficiales de la Fuerza Aérea durante la dictadura.
El texto plantea que “deben establecerse las responsabilidades penales y/o administrativas a que haya lugar, por la omisión de investigar las torturas padecidas por las víctimas”, entre las que cuenta el ex general Alberto Bachelet.
Esto, además de no eliminar en algunos casos los cargos decretados por los tribunales militares que operaron posterior al Golpe de Estado, donde se les consideró culpables de sedición y traición a la patria.
Pronunciamiento que responde al recurso interpuesto en 2003 por 12 ex oficiales, a quienes en 2001 la Corte Suprema les rechazó la anulación de los cargos, argumentando incompetencia ante lo dictado por tribunales de guerra.
El abogado que presentó este recurso, Boris Paredes, sostuvo que el texto de la Comisión ratifica los reparos que han hecho al actuar de la justicia una vez retornado a la democracia.
Los conniventes
El caso de los ex Fach -antes de llegar a la Corte Interamericana- tuvo un largo periplo en Chile. En 2001, doce ex oficiales recurrieron a la Suprema, buscando que se anulara el proceso 1-73 que tramitó la judicatura castrense en los días posteriores al golpe por sedición, traición a la patria, entre otros delitos.
A fines de 2002 el máximo tribunal rechazó el recurso interpuesto por los ex uniformados. En la oportunidad, adujo que carecían de las facultades para revocar los casos bajo el fuero militar.
Lo argüido por la Suprema es el mismo discurso jurídico connivente con la dictadura que estableció el Informe Rettig, cuando en 1973 y 1974 el máximo tribunal no ejerció la superintendencia sobre los tribunales militares en tiempos de guerra.
Con este rechazo los ex FACh recurrieron en 2003 a la CIDH. Demoró 10 años en llegar a una etapa en que podría haber justicia, pero ahora luego que el Estado incumpliera las recomendaciones, se enciende una luz para los peticionarios.
Caja de pandora
Fuentes de la Corte Suprema consultadas por The Clinic Online indicaron que más allá del plazo otorgado por la CIDH se han realizado gestiones para que se inicie el proceso en favor de los ex uniformados y cumplir así las recomendaciones de juzgamiento.
Fuentes ligadas a los ex FACh, indicaron que el máximo tribunal les ofreció que presentaran formalmente una denuncia, hecho que fue rechazado, ya que la judicatura debía cumplir con lo recomendado por la CIDH.
Actualmente, dijo un supremo, se han hecho gestiones para que la fiscal de la Suprema, Mónica Maldonado, eventualmente, ordene la apertura de un “auto cabeza de proceso” por tortura, que recaería en el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza.
En todo caso, el inicio de una indagatoria no será tan sencillo como parece, ya que Maldonado, después de que el caso está elevado a la Corte Interamericana, seguramente enviará su decisión al Pleno del máximo tribunal para que la decisión tenga el peso formal. Ello implicará una nueva demora.
Ahora bien, el Poder Judicial se encuentra en una suerte de jaque mate, hecho que es reconocido por algunos ministros de la Suprema. Sucede que si Maldonado resolviera iniciar la investigación por las torturas a los ex FACh “de oficio”, las agrupaciones de defensa de DDHH usarán la figura legal para presentar cientos de querellas por esos delitos cometidos en dictadura.
Hay que recordar que el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior sólo ha presentado libelos por detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, mas no por tortura, hecho que siempre ha sido criticado por las agrupaciones.
De allí que ya sea por un fallo de la Corte Interamericana o por iniciativa propia, el hecho es que el Estado y el Poder Judicial, no cumplieron las recomendaciones de la CIDH, aun cuando tuvieron 6 meses para hacerlo.
Fuente: The Clinic/biobio.cl
