La corporación de jueces de Mendoza se manifestó en contra de la manifestación que habrá este 1 de febrero en todo el país para pedir por una justicia democrática e independiente de los poderes fácticos.
En un comunicado en línea con la Federación Argentina de la Magistratura y Función Judicial y otras corporaciones de jueces como la Asociación de Magistrados de Córdoba, los jueces agrupados en la asociación mendocina se quejaron por la marcha, que consideraron un "acto inapropiado y riesgoso".
El documento sólo lleva las firmas de Silvina Furlotti, presidenta de la asociación, y de Norberto Godoy, su secretario.
La movilización -que en Mendoza será desde el KM0 a los Tribunales Federales y reclamará por la democratización del Poder Judicial, la renuncia de los actuales jueces de la Corte Suprema y el fin del lawfare.
Muchos gremios se sumaron al reclamo luego de que trascendiera los videos de la reunión entre funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), con funcionarios de la ex-gobernadora de la provincia de Buenos Aires, el intendente platense, agentes de inteligencia, empresarios y funcionarios judiciales donde se acordaban estrategias de persecución y criminalización de dirigentes sindicales confirma la existencia un plan sistemático de criminalización de la protesta social.
Este es el comunicado de la Asociación de Magistrados de Mendoza:
Comisión Directiva de la Asociación de Magistrados de la Provincia de Mendoza expresa su enorme preocupación ante la convocatoria pública del 1 de febrero próximo para solicitar la renuncia de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La permanencia de los jueces y juezas en sus cargos es una garantía indispensable para la independencia del Poder Judicial.
Destacamos que actos de esta naturaleza, inapropiados y riesgosos, debilitan la institucionalidad, la cual se debe fortalecer cotidianamente desde todos los ámbitos.
En este sentido adherimos al comunicado de La Federación Argentina de la Magistratura y Función Judicial (25/01/2022) que afirma lo siguiente: “expresamos nuestro rechazo a toda acción que tenga por finalidad debilitar la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público. Las decisiones judiciales se revisan por los canales legales correspondientes y quienes ejercen la función pública también tienen procesos establecidos para su evaluación y eventual remoción.”
