La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso de queja y confirmó la sentencia del Superior Tribunal de Mendoza que convalidó la decisión del Jury de Enjuiciamiento de esa provincia que, en abril de 2014, destituyó por mal desempeño al entonces fiscal de Estado, Joaquín de Rosas.
El abogado fue enjuiciado por validar un pago exorbitante al negocio inmobiliario Dalvian, de Daniel Vila, por unas parcelas expropiadas para la creación de la reserva Divisadero Largo.
En su fallo, el máximo tribunal recordó que “el proceso de remoción de un magistrado tiene una naturaleza esencialmente política, cuyo objetivo reside, antes que en sancionar al acusado, en determinar si éste ha perdido los requisitos que la ley y la Constitución exigen para el desempeño de una función de tan alta responsabilidad”.
En ese sentido, señalaron que “quien pretenda la revisión judicial de una decisión adoptada en ese tipo de procedimientos políticos deberá demostrar en forma nítida, inequívoca y concluyente, con flagrancia, un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio”.
Al respecto, sostuvieron que la apelación no podía prosperar “pues en ninguno de ellos se había logrado demostrar una afectación al debido proceso de la entidad constitucional requerida”. Así, rechazó la objeción relacionada con la admisión extemporánea de la testimonial ofrecida por la denunciante y las vinculadas a la producción de la prueba pericial contable y al principio de congruencia.
En ese contexto, la Corte advirtió que no podía “ponerse fundadamente en tela de juicio que el acusado fue imputado por cargos definidos, en base a conductas descriptas con suficiente precisión, pudo ejercer su derecho de defensa, su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable y fue destituido por el órgano en cuyas manos la Constitución provincial puso el ejercicio exclusivo de dicha atribución”.
Y agregó que, “promovido el control judicial de dicho enjuiciamiento, la sentencia dictada por la corte provincial dio fundada respuesta a los planteos considerados, mediante desarrollos argumentativos que la sostienen suficientemente como acto judicial válido”.
El caso
De Rodas fue destituido en abril de 2014 acusado por beneficiar al grupo Vila-Manzano en la expropiación de terrenos en el piedemonte mendocino. El proceso de jury arrancó el 27 de marzo de 2014, en la Suprema Corte, y en un mes, luego de las declaraciones de 15 testigos, se definió su futuro: 16 votos a favor de su remoción y sólo dos voluntades que pedían la absolución.
El entonces fiscal de Estado autorizó una compensación de deudas al grupo por créditos tomados en dólares nunca devueltos y la liquidación de terrenos de la actual reserva Divisadero Largo, expropiados por el Estado. Según los jueces, a Vila la provincia le abonó entre 14 y 17 pesos por metro cuadrado a expropiar (unos 3,5 millones de pesos), pero sus vecinos recibieron menos de 2,70 pesos por metro.
De Rosas había sido suspendido en sus funciones en agosto de 2012, pero por falta de pruebas, presiones políticas y empresariales, recién en 2014 año se realizó el juicio, que terminó con su destitución.
