En 1976 un grupo de tareas secuestró y desapareció a la comisión interna de la automotriz. Quedó documentada la complicidad de la empresa.
Por Gimena Fuertes
Para Tiempo Argentino
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el martes la posibilidad de juzgar a la automotriz Daimler, propietaria de la Mercedes Benz, por la desaparición forzada de los delegados de La Plata de esa compañía durante la última dictadura militar en Argentina. De esta manera, la casa central de la automotriz logró desvincularse de los delitos de lesa humanidad cometidos a instancias de los directivos de la filial local, acusados de pedir la desaparición de los integrantes de la comisión interna.
El fallo estadounidense se refiere en uno de sus tramos a la "guerra sucia" para señalar el contexto histórico en el que fueron cometidos los delitos. "Represento a los familiares de las víctimas quienes fueron delegados y activistas que reclamaban aumento de sueldo y mejores condiciones de trabajo. Ni se libró ningún tipo de guerra, ni sucia ni limpia, sino que eran delegados que reclamaban derechos y por eso fueron desaparecidos", denunció el abogado de los querellantes, Eduardo Fachal en diálogo con el diario Tiempo Argentino.
Pero para el tribunal estadounidense "Daimler no es susceptible de ser sometida a juicio en California por daños supuestamente causados por conductas de MB (Mercedes Benz) Argentina que tuvieron lugar enteramente fuera de Estados Unidos".
La demanda presentada por los ex delegados de la comisión interna de Mercedes Benz acusaba a la empresa de complicidad en la detención y posterior desaparición de 14 trabajadores en 1977 que habían sido señalados por el directorio de la compañía. Los demandantes invocaban dos leyes estadounidenses contra la casa matriz de Mercedes: la ley de protección de víctimas de torturas (TVPA) y un viejo texto de hace más de dos siglos, conocido como "Estatuto de Agravios" (Alien Tort Statue, ATS), que autoriza a los extranjeros a demandar en los tribunales estadounidenses por cuestiones relacionadas con la violación del derecho internacional.
Fachal, quien también es ex trabajador de la Mercedes, aseguró que "no había ningún impedimento legal para que los familiares le hicieran un reclamo a la empresa que tiene el principal asiento de sus negocios en Estados Unidos. Pero entiendo que el fallo obedece más a la presión que hizo la Unión de Bancos Suizos y las Cámaras de Comercio y de Industria de Estados Unidos. Lograron que el fallo sea dictado pensando en las ganancias y no en el derecho de las víctimas", se quejó el abogado.
La Corte Suprema ya había examinado la responsabilidad en suelo estadounidense de compañías extranjeras sospechosas de infracciones del derecho internacional cometidas fuera de sus fronteras. Incluso, en octubre pasado, la Corte Suprema estadounidense realizó una sesión de audiencias donde las dos partes tuvieron la oportunidad de defender sus puntos de vista con relación a la denuncia contra Daimler AG. Kevin Russell, abogado de los familiares de los empleados desaparecidos, alegó en esa oportunidad que Daimler AG posee en California una filial, Mercedes Benz-USA, y ello bastaría para determinar la competencia de los tribunales estadounidenses para analizar el caso. En contrapartida, Thomas Dupree, uno de los letrados defensores de la empresa alemana, comprada por el gigante estadounidense Daimler, dijo ante la Corte que "este caso no tiene nada que ver con Estados Unidos".
Si bien la vía judicial en Estados Unidos está agotada, en Argentina, el reclamo sobre la responsabilidad penal continúa en el juzgado federal de San Martín, a cargo de la magistrada Alicia Vence. "Si bien ya que quedó más que claro que existe la conexión y complicidad de la empresa con la dictadura militar, la causa sigue lenta", denunció Fachal.
"Pedimos la citación indagatoria de Juan Ronaldo Tasselkraut, que fue quien entregó los datos de Diego Núñez a la patota militar que había ido a buscar a Hector Ratto, uno de los sobrevivientes, a la fábrica, y todavía no tuvimos suerte", advirtió.
Y agregó: "También pedimos que por oficio manden los protocolos de las actas del directorio donde figura la número 20/76 de mayo de 1976, donde uno de los directores informa el resultado del allanamiento realizado en la casa del trabajador Juan José Martin que estuvo desaparecido 19 días ¿Cómo sabían del allanamiento si no existían órdenes judiciales?".
Fachal concluyó: "Los allanamientos eran ilegales y los hacían los grupos de tareas. Ese acta demuestra que la relación entre la empresa y los represores es directa".
