El examen de ingreso al Poder Judicial convocado por la Suprema Corte quedó bajo sospecha por denuncias de venta de preguntas y filtración de información. Esto se suma a las denuncias de cientos de aspirantes que impugnaron el examen, entre otras cosas, porque una vez respondidas las preguntas el sistema no permitía volver atrás para revisarlas o reformular las respuestas.
Para el concurso se anotaron más de 50 mil personas, pero rindieron finalmente poco más de 19.000, de las cuales aprobaron 2.100 tras responder un cuestionario de 80 preguntas que equivalía al 55% de lo necesario para entrar. El resto se completaría con otro examen el 19 de julio.
De esos 2.100 aspirantes hay vacantes para 200 personas, que van a cobrar $130.000.
Pasado el primer examen, que se rindió el 14 de junio, algunas notas periodísticas relevaron las quejas de aspirantes no sólo por la mala redacción de las preguntas, sino por la imposibilidad técnica de volver hacia atrás y revisar las respuestas.
La UNCuyo, a través de la Facultad de Ciencias Económicas, proveyó la plataforma Moodle a través de la cual los aspirantes debieron completar el examen.
A principios de semana, el senador del PRO Germán Vicchi elevó un pedido de informes y apuntó directamente al presidente de la Corte, Dalmiro Garay, por su responsabilidad.
Tenemos fuertes indicios de que Dalmiro Garay esta al tanto de las irregularidades en el proceso de evaluación de aspirantes en el 1er examen.
Desconocemos los motivos por los cuales prefirió guardar silencio antes que denunciar los hechos y anular el proceso de pre selección.— German Adolfo Vicchi (@germanvicchi) July 3, 2023
"Existen imágenes, en donde pareciera que se comercializa información privilegiada respecto a las preguntas del examen, lo que pone en duda la transparencia e imparcialidad del proceso de selección", apuntó Vicchi en una serie de posteos a través de Twitter.
Entrevistado en radio Nacional señaló que "se habrían vendido preguntas y respuestas del primer examen. No tengo otro camino que un pedido de informe, para nosotros es fundamental la transparencia. La Corte debe investigar qué fue lo que sucedió. Y si se filtraron quiénes son los responsables. Como estado tenemos que dar la seguridad de que en este proceso no se está beneficiando a nadie".
El pedido de Vicch, a su vez, derivó en una reunión de los ministros de la Corte, quienes iniciaron un sumario administrativo y pidieron datos de lo ocurrido a la UNCuyo, que desarrolló la plataforma por la cual se tomó el examen.
También le pidieron al presidente de la Corte, Dalmiro Garay, que posponga el siguiente turno de examen.
En el pedido de la Corte a la UNCuyo se requieren detalles sobre la confidencialidad de la prueba que fue tomada a través de una plataforma online y sobre la protección de los datos personales de los concursantes. También pidieron detalles del operativo técnico y la logística del sistema informático.
La Suprema Corte pretende dirimir así si los responsables de la plataforma online filtraron los detalles del examen a grupos de personas en particular.
