En Página 12, el periodista recorrió casos emblemáticos del manejo electoral de la inseguridad. El uso de los menores y los escuadrones de la muerte en Ezeiza, el partido del nuevo ministro Granados.
Por Horacio Verbitsky
Para Página 12
En cuanto se anunció que Alejandro Granados sería el nuevo titular del ministerio de Seguridad bonaerense, se viralizó en Internet un video con sus declaraciones que este diario publicó el 24 de noviembre de 1999. Con un brazo en cabestrillo por el disparo que había recibido cuando tres hombres ingresaron a su estancia La Celia, dijo que “estamos en guerra con los delincuentes, y la guerra hay que librarla, es a matar o morir”. También se jactó del revólver 38 especial que usó para defenderse y dijo que “en ninguna casa debe faltar un arma”, todo lo contrario de lo que vienen postulando las autoridades nacionales y provinciales en la última década. En cambio, luego del anuncio de su designación, Granados se declaró fanático de la prevención, dijo que para ello la policía debía estar en la calle y actuar con honestidad. Cuál de estos antagónicos perfiles prevalecerá es algo que se irá viendo en los próximos días y semanas. Por lo pronto, el nuevo desdoblamiento ministerial, la convocatoria a policías bonaerenses retirados y el envío al conurbano de una dotación adicional de miles de gendarmes muestran tanto el fracaso de la política que desde 2007 aplica el gobernador Daniel Scioli, como la premura del oficialismo ante el desafío del intendente de Tigre, Sergio Massa, cuyo marketing de seguridad le permitió imponerse en las PASO de agosto. Como ya ocurrió en otros procesos electorales, la demagogia punitiva es la munición preferida de los candidatos de las principales fuerzas, como ocurre desde 1998 con los operativos fraguados del ex gobernador Eduardo Duhalde y la pionera campaña de Carlos Rückauf, con tableteo de ametralladoras como banda sonora.
Apunten a los chicos
Síntoma febril de la misma dolencia, el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, dijo que “en casi todos los delitos hay involucrados menores, que son reincidentes” y el intendente de Lomas de Zamora y candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria, Martín Insaurralde, propuso bajar la edad de imputabilidad. La afirmación de Berni es insostenible y reproduce las imágenes alarmistas que para deteriorar al gobierno difunde en forma periódica la prensa hegemónica, según la denomina el oficialismo. La propuesta de Insaurralde refleja una vieja aspiración de adecuar la legislación argentina a lo establecido por la Convención Internacional sobre los Derechos de Niños y Adolescentes y a los fallos obligatorios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. En la discrecional situación actual es posible mantener durante años privado de su libertad a un chico que no ha cometido delito alguno o apenas un hecho menor, mientras los jueces están facultados para dejar en libertad incluso a los autores de un homicidio. Pero la propuesta se produce en un histérico contexto y en contradicción con la política realmente existente en la provincia de Buenos Aires, donde la baja de la edad de imputabilidad existe de hecho, pero sin las garantías de debido proceso que contempla el proyecto de ley que tuvo media sanción por unanimidad del Senado en 2009 (una semana después de las elecciones de ese año) y que nunca fue tratado por la Cámara de Diputados. Mediante la continuidad de prácticas judiciales viciosas, chicos de 12 a 15 años están alojados en los mismos lugares que los de 16 a 18. Un debate sincero requeriría transparentar la cifra de menores de 16 privados de libertad, cosa que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia dejó de hacer justo en 2008, cuando se sancionó la ley 13.298. Una tapa del diario La Nación durante la campaña electoral de 2011 afirmó que “Menores cometen el 15 por ciento de los crímenes”. Mencionó como fuente las estadísticas de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. En realidad se refería al Sistema Informático de la Procuración General, que computa la cantidad de Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) iniciadas. El porcentaje de IPP abiertas a raíz de crímenes que habrían cometido ciudadanos de menos de 18 años, no fue de 15 sino de 4,2 por ciento del total. Para que la estadística tenga sentido es preciso conocer la proporción de menores sobre la población total de la provincia. Según el censo de 2010 los bonaerenses de 15 a 19 años (las categorías censales no coinciden con las penales), constituían el 8,45 por ciento de la población. Esto significa que constituyen una categoría menos y no más peligrosa. El diario Clarín hizo su aporte la semana pasada con una tapa escandalosa en la que fuentes policiales y el fiscal platense Fernando Cartasegna se referían al reclutamiento de chicos de la calle para robar. Ante una consulta del diario, el defensor oficial ante el fuero penal juvenil Julian Axat y el juez en lo contencioso administrativo Luis Federico Arias prepararon una nota, que Clarín no publicó. Allí decían que el robo de automotores y los robos de casas marcadas, “han sido las modalidades del reclutamiento juvenil más usuales” y que en la mayoría de los casos se invisibiliza la trama oculta policial, y se condena sólo a los menores. Nuevamente, y con leves variantes, “se da a conocer el caso de niños que fueron reclutados en la ciudad de La Plata, para robar y mendigar en Lomas de Zamora y Avellaneda. Las circunstancias se reiteran y las lecturas e implicancias del caso podrán ser disímiles, aunque resulta llamativo que se reedite en tiempos electorales, y precisamente, en la jurisdicción donde reside uno de los candidatos”. En la preparación de la nota, Axat detectó que se trataba de una operación concertada entre sectores de la Policía y del poder judicial. Axat y Arias estudiaron y denunciaron numerosos casos de reclutamiento de jóvenes, que terminan siendo víctimas de sus mandantes policiales. También lo hizo el ex ministro Carlos Stornelli, denunciando una supuesta desestabilización del gobierno, que en realidad se ceñía a su derramada persona, ya que Scioli había decidido poner fin a su gestión. Ante la tapa y el despliegue de Clarín, Axat se preguntó qué tenía este caso para darle tanta relevancia y por qué intervenían un fiscal de adultos y la policía mientras el sistema penal juvenil ni se había enterado.
La mano policial
Descubrió entonces la verdadera trama de este caso armado para reforzar el pánico social y fortalecer la imagen de policías y fiscales, en violación de todas las leyes vigentes. El 25 de agosto, la señora JVG denunció en la comisaría 6ª de Tolosa la desaparición de su hijo WG, de nueve años. Al día siguiente, en la misma dependencia, MAD, comunicó que también había desaparecido su hijo ED, de 10. Pero lo encontró el mismo día en la estación Quilmes del ferrocarril Roca. ED dijo que había estado con WG secuestrado en una casa por unas personas adultas. El 30 de agosto la policía encontró a WG merodeando en la zona y utilizó a ambos niños como señuelo para marcar la casa, dato que Clarín omitió, porque es una conducta ilegal. En cambio el diario dijo que la policía había llegado allí siguiendo a unas personas no identificadas que vigilaban al pibe. Con esos elementos, el juez de garantías de La Plata Juan Pablo Massi ordenó allanar la casa, en Villa Tranquila, donde detuvo a los adultos Eduardo Daniel, Claudio Javier y Nicolás Ezequiel Acosta y encontró allí a un tercer niño, WS, de 11 años. Según Clarín, los tres chicos fueron llevados por la policía a la Casa de Abrigo de La Plata. Pero cuando Axat fue a verificarlo, supo que nunca habían estado allí. La policía los entregó directamente a sus familias, después de un lapso que no se conoce. Los funcionarios a los que la policía estaba obligada a dar intervención por la ley 13.298, se declararon asombrados por la nota del diario. La delegada zonal llamó a la policía luego de leerla, pero le dijeron que no se preocupara, que los chicos habían sido entregados la semana anterior. El defensor también habló con los médicos del Hospital Gutiérrez, donde WG estuvo en observación, por un golpe en la cabeza. La médica de guardia que lo atendió quiso averiguar sobre el origen del golpe pero la respuesta fue difusa, y el personal policial que acompañaba a la madre no le permitió hablar a solas con él. El chico también dijo que había estado en una casa de la que no lo dejaban salir. Cuando los médicos dejaron constancia de su relato en la historia clínica y, como es su obligación, comunicaron a la policía la existencia de un delito, en la Departamental de Investigaciones lo minimizaron, alegando que el pibe siempre se escapaba. En el Sistema Informático del Ministerio Público (SIMP) consta que los tres chicos tuvieron registro judicial previo, por robo, fuga del hogar o averiguación de paradero, con intervención de la comisaría 6ª de La Plata. En todos los casos hubo vulneración de sus derechos pero no se dio la intervención obligatoria al sistema de protección creado por ley en 2008. Por periodistas de La Plata, el defensor Axat supo que los tres adultos arrestados eran conocidos transas y buches de la policía en la zona de Avellaneda y Lomas de Zamora, con antecedentes por distintos delitos. “No sería raro que tengan las características de reclutadores-reclutados y que la policía haya tenido un margen de maniobra importante sobre los hechos (detectar a los chicos que eran usados realmente y a partir de ahí hacerle una cama a sus propios buches, armar la maqueta para después filtrarla a la prensa en forma de espectáculo y dar sensación de inseguridad en determinados territorios de cara a las elecciones,” dice el defensor. Al recapitular todas las irregularidades del caso, enumera que con aval de la Procuración General, el Fiscal Cartasegna avasalló las competencias de los fueros federal y penal juvenil y de otras jurisdicciones; investigó trata de personas sin facultades legales para ello e ignoró los protocolos sobre trata de personas vulnerables. Los niños y adolescentes utilizados han sido víctimas, pero sólo han recibido un trato policial, sin intervención del sistema de infancia, el fuero de familia, los defensores o fiscales penal juveniles, ni los servicios locales o zonales. La policía se manejó con baja transparencia y la información filtrada a la prensa, tergiversó los hechos: describió un operativo espectacular, con el rescate de dos chicos reclutados, cuando dos de los tres habían sido entregados a sus padres varios días antes del allanamiento y nunca estuvieron en una casa de abrigo o sistema de protección. El fiscal Cartasegna sólo coordinó el operativo con la policía, sin intervención de ningún efector de niñez en la contención, usando a los pibes como objeto de prueba policial-señuelo. Al tratarse de adolescentes marcados por la propia policía o por terceros reclutadores, la falta de intervención estatal adecuada los condena a repetir el circuito. Al día siguiente de la tapa de Clarín la baja de la edad de imputabilidad se instaló como tema de campaña.
“Más allá de la opinión a favor o en contra, el efecto rebote de la nota parece aprovechado como respuesta demagógica frente a un caso en el que se debería tener más cuidado, porque la baja de edad de imputabilidad es un tema que obedece a otras problemáticas y no a los reclutamientos que, en todo caso, tienen que ver con la democratización de las policías y a determinados estándares de intervención por parte de la justicia”, concluye Axat.
Los escuadrones de Ezeiza
Peor ha sido el trato dispensado a los menores en Ezeiza, con secuestros y ejecuciones extrajudiciales. A raíz del degüello en una tosquera del adolescente Diego Peralta, el ministerio de Seguridad, entonces a cargo de Juan Pablo Cafiero, emprendió una investigación que puso en evidencia el modo de funcionamiento de un escuadrón de la muerte policial en Esteban Echeverría y Ezeiza, conectado tanto con algunos comerciantes como con el poder político de la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Según el extorsionador que llamó a la familia luego del secuestro de Peralta, uno de los autores sería un sargento de la comisaría de El Jagüel, que fue incendiada por los enfurecidos vecinos. Pero sólo fueron condenados los lúmpenes que él reclutó. En cambio, el cabo 1º Roberto Daniel Macua fue condenado por el asesinato de Emmanuel Carlos Salafía, acribillado a balazos por la espalda dentro de una camioneta robada. Antes había sido detenido una vez por el robo de un cuadriciclo y secuestrado otra vez por los sargentos Vicente Sandoval y Oscar Alberto Barragán, de la comisaría 5ª de Ezeiza, con la complicidad del propietario de un taller de Monte Grande que lo citó. Cuando lo dejaron en libertad para que buscara el dinero del rescate, los padres de Salafía denunciaron el secuestro y los sargentos fueron detenidos. Dos años después lo silenciaron para siempre. Hugo Javier Barrionuevo fue muerto a balazos en la madrugada, cuando formaba parte de un piquete organizado en El Jagüel por la agrupación de trabajadores desocupados “Aníbal Verón”, la misma de Santillán y Kosteki. El autor de los disparos fue el ex policía Jorge Bogado, dueño de una parrilla de la zona y puntero de Granados. Los acompañantes de la víctima dijeron que la policía había dejado pasar a Bogado, como parte de una provocación contra los piqueteros. Alcides Daniel Fernández, de 15 años, desapareció mientras recogía cartones. Ya había estado detenido antes bajo acusación de encubrimiento de un delito y alojado en un instituto para menores. Su madre había denunciado por amenazas a policías de Ezeiza. La familia declaró que comerciantes de la zona pagaban para que la policía “desaparezca chorritos” y sindicó entre los ejecutores al oficial subinspector Diego Cristian Pavón, al sargento 1º Miguel Angel Giménez, al sargento Oscar Alfredo Jiménez, y al cabo 1º Eduardo Agustín Bogado, de la policía de Ezeiza. También mencionó entre los funcionarios que los hostigaban al cabo Juan de Dios Pozze, y sostuvo que “estas acciones son impulsadas e ideadas por el comisario de la 1ª de Ezeiza, Carlos Adrian Dombrosqui”, que según otros testigos, enseñó a sus colegas a torturar, colocando la cabeza de los chicos entre sus rodillas mientras los encañonaba en la cabeza. La abuela del pibe apuntó al intendente Granados. Dijo que meses antes habría mandado golpear al padre del chico desaparecido, “porque prefería trabajar como albañil y no hacerle trabajos políticos”. A principios de siglo, Granados presidía el club Tristán Suárez, que ahora está a cargo de uno de sus hijos. Su director técnico y amigo de los Granados, Rodolfo Oscar Garayar, denunció que Carlos Ariel Chavez, de 19 años, quien tenía antecedentes por robo y ya había estado detenido en la comisaría 1ª de Ezeiza, lo había asaltado a las 2 de la mañana. Pero entre la medianoche y la madrugada anterior, Chávez había sido golpeado, esposado y privado de su libertad por tres de los hombres que mencionó la familia de Alcides Daniel Fernández: Pozze, Bogado y Pavón. Así lo declaró un testigo del secuestro. La madre de Chavez responsabilizó también al comisario Dombrosqui y al jefe del comando de patrullas de Ezeiza, comisario mayor Julio Quintela.
La seguridad municipal
Durante los años de la gobernación de Duhalde, Quintela fue titular de la comisaría 1ª, donde lo sucedió Dombrosqui, quien había sido su segundo. Los vínculos políticos se hicieron explícitos cuando Granados designó a Quintela como Director de Seguridad de la Municipalidad, con el declarado propósito de “fortalecer los lazos institucionales con la Policía Bonaerense de Ezeiza, a la que viene apoyando incondicionalmente con medidas concretas como la entrega de combustible para los patrulleros”, como explicó un semanario local. Más tarde, Dombrosqui lo reemplazó al frente de ese sistema de patrullas del programa Tolerancia Cero que ahora se invoca como antecedente por el cual habría que confiar en Granados como ministro de Seguridad. La investigación que ordenó Cafiero sobre todos estos casos estableció que para disuadir a los vecinos de hablar, los punteros políticos y los punteros policiales hicieron circular la versión de que Granados sería candidato a gobernador o a vice y Dombrosqui su Jefe de Policía. A raíz de los numerosos sumarios que se le iniciaron, Dombrosqui fue pasado a retiro obligatorio por el ex ministro Carlos Arslanian, en diciembre de 2006. El secretario de Granados, Adrián Alejandro D’Amore, hijo de un policía bonaerense exonerado por extorsión, fue designado Juez de Paz. La defensora oficial de Lomas de Zamora, Marcela Piñero, denunció que D’Amore mezclaba en los calabozos a contraventores y menores con delincuentes adultos e incluso a pacientes psiquiátricos. En un caso que fue llevado a instancias internacionales de protección de los derechos humanos, un menor fue violado por numerosos delincuentes mayores. El informe, que quedó archivado poco después, cuando Cafiero dejó el ministerio, sostiene que la actitud policial abusiva estaba naturalizada para una población que no concebía una relación distinta. La mayoría estaba resignada a que “la policía cobre protección a los comerciantes, una coima al reducidor de autos, que detenga y golpee, y, por qué no, desaparezca a quienes molestan. A veces, los comerciantes alientan el desborde policial”. Granados es el único intendente que ha tenido Ezeiza, partido creado cuando Carlos Menem lo escindió de Esteban Echeverría. Según un testigo que declaró en ese expediente, la relación de Granados con la policía era de recíproca conveniencia. Un vecino que reclamó por la mala atención a un hijo en la sala de primeros auxilios fue llevado a la comisaría 1ª con la excusa de que había roto un vidrio. Dombrosqui y otros cinco policías lo derribaron y lo golpearon en el suelo, mientras le decían: “Te vamos a enseñar a hacer denuncias contra el intendente”.
De armas llevar
El 31 de marzo, el actual secretario de Seguridad de Ezeiza, el concejal del Frente para la Victoria en uso de licencia, Roberto Laino, le dijo al diario La Capital de Mar del Plata que Granados destinaba dos millones de pesos mensuales a seguridad, que se financian con una tasa municipal específica. A los noventa móviles de policía y Gendarmería se suman otros cuarenta municipales que patrullan el distrito. A diferencia de otros partidos, donde estos móviles de refuerzo son tripulados por empleados del municipio, que no pueden intervenir ante un delito si no los acompaña un policía, en Ezeiza son conducidos por un centenar y medio de retirados de las policías federal y provincial, la Gendarmería y las tres Fuerzas Armadas, a quienes se les exige su respectiva autorización para portar armas, lo cual los coloca en un limbo jurídico, ya que actúan como policías sin la capacitación y la regulación correspondientes. El sistema de cuadrículas del que se enorgullece Granados fue introducido en el conurbano por el ex intendente de Almirante Brown Jorge Villaverde y produce cierto impacto social aunque es un método precario. Con criterios más modernos es posible saber dónde, cuándo y cómo se producen más robos, sin riesgo de que se detecte la regularidad con que pasa el patrullero correspondiente y se aprovechen los espacios ciegos para delinquir. Pero además, hay una cuestión de escala. No es posible proyectar a la inmensa provincia de Buenos Aires un sistema que puede aplicarse a un partido chico y con recursos, donde el municipio puede pagar los patrulleros y el combustible. Hace apenas tres semanas, en una reunión con dos centenares de policías, Scioli dijo que hablaría con las aseguradoras para que apuraran la reparación de más de mil patrulleros destrozados. Sólo una sostenida inyección de cuantiosos fondos federales podría extender el sistema de cuadrículas para que fuera algo más que cosmética electoral.
