La Fiscalía apelará en la Cámara de Casación Penal la sentencia del TOF 1 en el noveno juicio por crímenes de lesa humanidad en Mendoza por entender que las condenas menores no están a la altura de los delitos cometidos.
Lo confirmó el Fiscal Auxiliar Adjunto Daniel Rodríguez Infante quien ponderó que el Tribunal Oral sigue reafirmando los principios por los cuales se celebran estos juicios, "no obstante disentimos con la sentencia, que no fue acorde a lo probado en el juicio".
En el juicio hubo seis condenas a prisión perpetua en el 9no juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza: Juan Carlos Santa María (exComodoro de la Fuerza Aérea), Hugo Luis Zalazar (exsuboficial del Ejército Argentino), Ramón Dagoberto Álvarez (expolicía de la comisaría Séptima, de Godoy Cruz), Osvaldo Fernández Miranda (exPolicía de Mendoza y miembro del D2), Marcelo Moroy (expolicía y miembro del D2) y José Roccato Villegas (exPolicía, también miembro del D2). El resto de los acusados recibieron condenas de entre 17 y 7 años y seis meses de prisión.
"Vamos a tener que esperar los fundamentos, pero el veredicto basta para darse cuenta que el tribunal en el caso de los que integraron la sección de Inteligencia sólo los ha condenado por Asociación Ilícita, no por las privaciones de libertad, torturas, homicidios, etcétera. Por eso les impone penas temporales. Esto implica que el tribunal considera que quienes integraron el servicio de inteligencia formaron parte de la represión estatal pero al parecer no llevaron a cabo los delitos que se les atribuían. Esto es contradictorio porque entiende que integraron el aparato represivo estatal en el marco de la inteligencia, que suministraba la información para los secuestros, el tribunal los corre de estos delitos", se explayó el fiscal en radio Nacional.
"Esto es no entender el rol neurálgico del accionar de inteligencia en el aparato represivo estatal", subrayó Rodríguez Infante.
"La prueba en este juicio era abrumadora. además de la sorpresa tenemos expectativa en cómo el tribunal ha llegado a este razonamiento -siguió el fiscal-. En este juicio se juzgó el operativo de abril del 77. En ese operativo hay pruebas directas. En el caso de ejecuciones extrajudiciales en el matrimonio Laudani-José o la desaparición de Gisela Tenembaum o la ejecución de Ana María Moral, que son casos emblemáticos, y como hubo homicidios en la vía pública se labraron actas para tratar de explicar esto. Y se aportan documentos de que el personal de Inteligencia es quien bate la cita o proporciona la información que deriva en la ejecución de los militantes".
