El Ministerio Público Fiscal de Mendoza resolvió este jueves que los manifestantes aprehendidos durante la protesta contra la reforma de la Ley de Glaciares recuperen la libertad, bajo caución juratoria y con restricciones: fijar domicilio, comparecer a todas las citaciones y abstenerse de obstaculizar la investigación. La decisión se tomó al considerar que, en ausencia de antecedentes condenatorios, no se justifica la prisión preventiva.
En el entorno de los detenidos confirmaron a EXPLÍCITO que es probable que la liberación se concrete en la mañana del viernes. «Están muy golpeados, pero mejor anímicamente con esta noticia. La jueza ordenó que un médicos los revisara y escuchó a uno por uno, la audiencia fue extensa», señalaron.
La noche del miércoles 4 de febrero estuvo marcada por un fuerte despliegue de seguridad en el centro mendocino. La movilización, convocada por la Asamblea por el Agua, comenzó a las 19 en el KM0 con un “ruidazo” y luego se trasladó por distintas calles céntricas. Vecinos y asambleístas denunciaron que el operativo policial bloqueaba arterias clave como Belgrano y Las Heras, impidiendo el avance de la marcha.
El documento leído en la calle
Hacia las 21, las organizaciones leyeron un texto consensuado en el que repudiaron el avance del lobby minero sobre los glaciares y recordaron que en Mendoza ya se había habilitado un protocolo para permitir la explotación en zonas periglaciares. La reforma impulsada por el presidente Javier Milei busca habilitar a las empresas mineras a operar sobre reservorios de agua hasta ahora protegidos, lo que generó un rechazo masivo.
Los incidentes y las imputaciones
Según el acta del Ministerio Público Fiscal, los hechos se desencadenaron cuando la policía intentó despejar la carpeta asfáltica en San Martín y Garibaldi. Allí se produjeron forcejeos y agresiones que derivaron en la detención de diez personas.
El documento judicial imputa a:
- Leandro Andrés Cid por resistencia a la autoridad.
- Pablo Ramiro Pérez, Hueique Lautaro Rodríguez y Brian Nahuel Basualdo por atentado contra la autoridad.
- Leandro Ezequiel Ruiz, Nahuel Rodríguez Abalo, Mario Abel Lara, Federico Julián Echeverría González y Luis Mauricio Abates Rodríguez por desobediencia.
La denuncia de las organizaciones
La Asamblea por el Agua difundió rápidamente los nombres de los detenidos en sus redes sociales, denunciando la criminalización de la protesta y exigiendo su liberación inmediata. La lista coincidió con la nómina oficial, reforzando la percepción de que se trató de una acción coordinada para neutralizar la movilización.
Reclamos de los abogados
La situación se agravó en las horas posteriores. Los abogados defensores denunciaron que se les impidió el acceso a los detenidos durante la madrugada. “Estuvimos hasta las 3 de la mañana intentando ingresar y nos negaron la posibilidad, lo que es grave. Hemos interpuesto un amparo y vamos a presentar denuncias por esta situación”, señaló uno de los letrados.
Un trasfondo político y social
El episodio excede lo estrictamente judicial. La reforma de la Ley de Glaciares se inscribe en un escenario nacional de tensión entre el gobierno y los movimientos socioambientales. En Mendoza, la memoria de la resistencia popular contra la modificación de la Ley 7722 en 2019 sigue viva, y las Asambleas por el Agua mantienen una presencia activa en las calles.
La detención de manifestantes en pleno centro mendocino reaviva el debate sobre el derecho a la protesta y la criminalización de quienes defienden los bienes comunes. La jornada dejó imágenes de un centro cercado por uniformados, vecinos que intentaban avanzar entre cordones policiales y un documento leído en voz alta que sintetizó el repudio al avance minero sobre los glaciares.