Treinta y cinco años después de que Adolfo Garrido y Raúl Baigorria fueran vistos por última vez en los calabozos de la Policía de Mendoza, la Fiscalía Federal solicitó que 16 exagentes provinciales sean sometidos a juicio por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de personas. El pedido, presentado el 25 de septiembre por el fiscal Fernando Alcaraz junto a Alberto Gentili (PROCUVIN), marca un nuevo avance en el primer caso de desaparición forzada ocurrido en Argentina tras el retorno democrático.
El caso de Garrido y Baigorria es emblemática en el caso de desapariciones forzadas en democracia en Mendoza
La causa, que tuvo origen en el fuero provincial y fue elevada a la justicia federal en 2017, investiga lo sucedido el 28 de abril de 1990, cuando Garrido y Baigorria fueron interceptados por efectivos policiales en el Parque General San Martín. Testigos los vieron golpeados en la Dirección de Investigaciones. Desde entonces, no se supo más de ellos.
Un expediente que cruzó fronteras
El caso Garrido-Baigorria fue el primero en llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como desaparición forzada en democracia. En 1996, el tribunal internacional falló de forma unánime y tomó nota del reconocimiento del Estado argentino de su responsabilidad. Sin embargo, los cuerpos nunca fueron hallados y los responsables no habían sido investigados hasta ahora.
La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmó en octubre de 2024 los procesamientos y prisiones preventivas dictadas por el juez Marcelo Garnica, al considerar acreditada la materialidad y autoría de los hechos. Tres imputados, entre ellos un exjuez provincial, fueron apartados del proceso.
Los acusados
Entre los 16 exagentes señalados como posibles coautores figuran: Miguel Ángel Barahona Gutiérrez, Sergio Oscar Barrera Romero, Ángel Gustavo Bastías, Francisco Edgardo Bullones Prudencio, Néstor Ramón Falcón, Jorge Aníbal Flores Bizaguirre, Rubén Mauricio Funes Gianuzzo, Oscar Orlando Giuliano, Alberto Narciso Gordillo, Felipe Gerardo Machuca, Norberto Ernesto Mercado, Samuel Morales Valladares, Miguel Ángel Muñoz Gil, Manuel Antonio Nañez, Rolando Antonio Olarte Rivera y Jacinto Salvador Olmedo. Todos ellos podrían enfrentar cargos bajo el artículo 142 ter del Código Penal.
Investigación federal y acompañamiento a víctimas
Desde que la causa pasó al fuero federal, la Fiscalía Federal N°2 realizó un análisis exhaustivo de documentación, libros de novedades policiales y más de 150 testimonios, incluyendo los brindados ante la Comisión Interamericana en 1996. Se identificaron 40 declaraciones clave y se intentó recontactar a los testigos, aunque el paso del tiempo dificultó su localización.
En cumplimiento de la Ley 27.372, se garantizó el acompañamiento a familiares de las víctimas a través de la Dirección General de Orientación, Acompañamiento y Protección a las Víctimas (DOVIC), que realizó más de 270 intervenciones bajo la coordinación de Malena Derdoy.
Recompensa vigente
El Ministerio de Seguridad de la Nación mantiene vigente una recompensa de 5 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan hallar a Garrido y Baigorria. La causa, aún sin cuerpos ni condenas, sigue siendo una herida abierta en la democracia argentina.
El caso
En la causa se investiga lo sucedido el 28 de abril de 1990 entre las 15 y las 16, cuando Garrido conducía un automóvil Fiat 1500 rural acompañado de Baigorria por la rotonda de Monseñor Orzali del Parque General San Martín, en la ciudad de Mendoza, en dirección a Godoy Cruz. El vehículo en el que viajaban los dos hombres fue interceptado por efectivos de la policía provincial frente a la Escuela Hogar “Eva Perón”. Baigorria y Garrido fueron vistos con vida por última vez en los calabozos de la Dirección de Investigaciones de la Policía de la provincia, donde además se los vio golpeados.
La CIDH condenó al Estado Argentino por su responsabilidad en la desaparición de Garrido y Baigorria
La causa tramitó en sus inicios en el fuero provincial hasta que pasó a la órbita federal a fines de 2017 para que se investigara el caso como desaparición forzada de personas.
Una vez asumida la competencia, el juez federal Garnica delegó la investigación el 9 de febrero de 2018 en el Ministerio Público Fiscal, representado por la Fiscalía Federal N°2, a cargo de Alcaraz.
Baigorria y Garrido fueron vistos con vida por última vez en los calabozos de la Dirección de Investigaciones de la Policía de la provincia, donde además se los vio golpeados.
Con la investigación a su cargo, la fiscalía federal realizó un análisis pormenorizado de la causa y de la documentación existente para elaborar una hipótesis acusatoria que permitiera definir líneas de trabajo determinadas. En ese marco llevó a cabo diversas medidas: en primer lugar, tomó contacto con los familiares de las víctimas y dispuso una audiencia para informarles que la causa había pasado al fuero federal y los motivos de ese cambio de radicación. De conformidad con lo establecido por la Ley 27.372, de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, la fiscalía dio intervención a las profesionales de la Dirección General de Orientación, Acompañamiento y Protección a las Víctimas (DOVIC) de la Procuración General de la Nación, a cargo de Malena Derdoy, quienes llevaron a cabo más de 270 intervenciones.
La fiscalía analizó también la totalidad de la documentación incorporada en la causa, entre la que destacan los libros de novedades de la época de las distintas dependencias policiales que habrían intervenido en los hechos investigados, además del expediente que tramitó en el fuero provincial por “averiguación de paradero”.
Analizó asimismo más de 150 declaraciones testimoniales brindadas tanto en el juzgado provincial como las vertidas en el marco de la actuación de la Comisión Ad hoc de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que intervino en 1996.
De esa forma, identificó aproximadamente 40 declaraciones de relevancia y, en función de ello, dispuso citar nuevamente a esos testigos a fin de que ratifiquen, rectifiquen y/o amplíen lo que habían declarado oportunamente. Producto del paso del tiempo resultó dificultoso ubicar a muchos de ellos.
La causa tiene trascendencia internacional para el Estado argentino, ya que fue el primer caso de desaparición forzada perpetrado tras la restauración democrática que arribó a un tribunal internacional. En efecto, el 2 de febrero de 1996 la Corte IDH falló de forma unánime y tomó nota del reconocimiento del Estado de su responsabilidad en los hechos denunciados. Desde entonces, el tribunal realiza un seguimiento en el marco de la supervisión de sentencias, dado que no se había investigado a los responsables de las desapariciones ni tampoco se han hallado los cuerpos o restos de Garrido y Baigorria.
