Por Javier Polvani
@javierpolvani
Los datos son los datos, pero las investigaciones judiciales sobre los negocios del poder no sólo precisan datos para avanzar, en la mayoría de los casos también requieren impulsos y garantías extrajudiciales. La causa por pago de sobreprecios en publicidad durante la administración provincial de Celso Jaque tiene los datos desde hace más de un año, pero recién en los últimos meses encontró el fiscal especial Santiago Garay las garantías extrajudiciales para acelerar la pesquisa y estas surgieron del riñón de la guerra de medios planteada en la provincia, de la que dio cuenta hasta el propio gobernador Francisco Pérez.
Los datos son los datos y el fiscal Garay los tiene desde 2011, cuando los radicales Daniel Di Martino, Roberto Infante y Alejandro Limas hicieron una denuncia por el presunto pago de sobreprecios de la administración Jaque al fotógrafo sanrafaelino devenido en empresario Gustavo Mátar en concepto de publicidad. Sin embargo, la investigación avanzó con el allanamiento de las oficinas Sur Talent SRL, la empresa de Mátar, y de la casa particular del empresario en el departamento sureño recién después de que el fiscal sintió la presión del multimedios que encabeza Sigifredo Alonso, cuya nave insignia es el Canal 9 de aire, que ostenta 29 de los 30 programas más vistos por la teleaudiencia mendocina.
Hace cerca de un mes, Garay supo de una alta fuente de la empresa mediática que se estaba cocinando la publicación de la causa iniciada por la denuncia de los legisladores radicales. Y el dato saliente era que, a pesar de estar documentada la presunta existencia del pago de sobreprecio por el trabajo brindado al Estado por Mátar en las pruebas presentadas en su momento por los denunciantes, la causa no avanzaba.
Los medios de Alonso tenían una copia del expediente que fue suministrada por los denunciantes a pedido de un gerente del grupo mediático hace cerca de dos meses, aproximadamente un mes antes de que Garay supiera de fuente segura que se publicaría el caso. Entonces, el fiscal pidió 20 días de tiempo al multimedio para ejecutar las medidas que supuestamente ya tenía decididas en el marco de la causa antes de que se publicara la actualidad del caso, y consiguió el tiempo.
Explícito confirmó a través de uno de los denunciantes que un gerente del multimedios de Canal 9 recibió una copia del expediente luego de solicitarla con fines periodísticos, hace unos dos meses, cuando la causa dormía el sueño de los just0s en los cajones de la Fiscalía de Delitos Complejos. Y mediante una alta fuente del Poder Judicial, con llegada a Garay, este medio supo que el fiscal se entrevistó con un alto directivo del multimedios de Alonso antes de discutir con al menos un miembro de la Suprema Corte cómo encarar el caso hacia adelante. Recién después de eso se produjo el allanamiento que puso el tema en la agenda de la coyuntura.
A esa altura, el fiscal tenía, además de los datos que ya habían aportado los radicales en 2011, el impulso y la espalda extrajudicial que necesitaba para avanzar en la causa: la cobertura mediática para no quedar expuesto a una represalia de la política, que tiene alta influencia en el Jury que enjuicia a los magistrados.
Sólo le faltaba fundamentar las órdenes de allanamiento y avanzar. De lo contrario, Garay se enfrentaría a la opinión pública como el hombre de la Justicia que tenía dormida una causa contra el poder político. Así fue que resolvió el fiscal darle aire a la causa con medidas concretas.
En principio lo hizo sobre el destinatario de los fondos públicos: Gustavo Mátar, quien cobró 30 millones de pesos por servicios publicitarios durante dos años. Y, según reveló el diario Los Andes, tendría facturada una cifra similar aún pendiente de pago por parte del Gobierno.
¿Testaferro?
Mátar es sindicado como testaferro del ex secretario general de la Gobernación en épocas de Jaque, Alejandro Cazabán. Aunque nadie hasta ahora comprobó tal cosa en la Justicia, en los corrillos del poder la especie es vox populi y en las páginas de los diarios se deslizó repetidamente con potenciales salvaquerella. La esposa de Mátar, Evangelina Godoy, es diputada provincial por el PJ gracias al dedo de Cazabán, el responsable de ponerla en un lugar entrable de la lista de legisladores por el cuarto distrito.
La denuncia de los radicales se hizo en 2011, cuando los legisladores creyeron que la plata que le pagó el Estado a Mátar terminó pagando la campaña a la gobernación de Francisco Pérez, algo que hasta este momento es incomprobable al igual que si hubo plata pública triangulada a través del empresario sureño para financiar a Cazabán como precandidato en las mismas elecciones.
El mayor interés de los denunciantes era saber si el oficialismo les ganó las elecciones de octubre de 2011 con una campaña financiada de forma ilegal con fondos públicos. Con el paso del tiempo sin novedades judiciales, los radicales creyeron que no habría respuestas de la Justicia en este caso, en el que después de aportar las facturas y los contratos celebrados por el Estado gestionado por Jaque con la productora de Mátar no tenían más pruebas para presentar.
La causa cobró fuerza recién este año, al mismo tiempo que trascendió que el proveedor de servicios de publicidad más contratado por el Gobierno en la segunda mitad de la gestión de Jaque estaba negociando la compra del Canal 6 de San Rafael al Grupo Uno, de los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano, enemigos históricos de Sigifredo Alonso, quien dijo siempre que su negocio fue perjudicado por prácticas ilegales e inmorales del Grupo Uno.
Vila y Manzano pusieron a la venta la televisora de aire de San Rafael para cumplir con un polémico plan de adecuación a la Ley de Medios que le presentó a la Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales, que aún está pendiente de resolución. De acuerdo a los trascendidos, Mátar habría entregado 16 millones de pesos por la licencia del canal y asumido una deuda de 3 millones de dólares a saldar en cuotas.
Ahí creció sin techo el interés de Alonso por desenmascarar judicialmente el origen de la fortuna de Mátar, que serviría para financiar a sus principales competidores en el Gran Mendoza (el Grupo Uno) y de paso para sacarles a Vila y Manzano un problema: la propiedad del Canal 6 de San Rafael, una de las pocas empresas que no pudo ser redistribuida entre los mismos accionistas del Grupo UNO, como sucedió con los principales medios del holding en el plan de adecuación presentado a Martín Sabbatella, titular de la AFSCA.
En ese contexto, a Garay le llegó la señal clara: si no hay avances en la causa originada en la denuncia de los radicales, el caso saldría en los medios de Alonso amplificado y con el fiscal en el centro de los cuestionamientos por tener pisada la investigación, a pesar de contar con los datos. Porque los datos son los datos, más allá de los intereses particulares. Y en el caso de Mátar existían desde hace más de un año.
