La jueza Natacha Cabeza del Primer Juzgado Penal Colegiado de Mendoza condenó este lunes a un vecino de Las Heras a tres meses de prisión efectiva por participar de una protesta el 11 de junio en la que se cortó una calle. La pena, producto de un juicio abreviado homologado por el fiscal Fernando Giunta y la defensa, fue acompañada por la declaración de reincidencia, lo que obligará al acusado a cumplir la totalidad de la condena en situación de encierro.
Cabeza es una de las juezas nombradas por el cornejismo, asumió su cargo en 2022, y con la condena puso un ladrillo más en el muro de penalización de la protesta en Mendoza.
Condenado por protestar
El hecho que motivó la sentencia de Alejandro Ezequiel Ladino Cortinez ocurrió el pasado 11 de junio, cuando unas 50 personas bloquearon la calle San Martín, en el departamento de Las Heras, utilizando escombros, ramas y fuego. La medida de fuerza generó un colapso total del tránsito vehicular y afectó la circulación del transporte público. Ante el fracaso de la mediación intentada por el Ministerio de Seguridad, intervino personal de Infantería, que despejó la zona y detuvo a varios manifestantes, entre ellos a Ladino.
Con esta resolución, Mendoza suma su segunda condena firme y al calabozo por corte de calle en el marco de manifestaciones. La primera se dictó en febrero de 2024 contra Martín Rodríguez, también juzgado por obstrucción del tránsito.
Martín estaba procesado en ocho causas por haber participado de movilizaciones peticionando trabajo genuino, asistencia alimentaria y vivienda para los sectores más empobrecidos de la provincia. Por los mismos motivos fueron imputados en varias causas Lorena Torres, del Polo Obrero, Victor da Vila, dirigente del Partido Obrero, y otros.
En Mendoza el que protesta, marche preso
La criminalización de la protesta es una política de Estado de los últimos años. En noviembre de 2024 el juez Juan Manuel Pina, del Juzgado Penal N°1, equiparó el derecho a la protesta y a peticionar en las calles con un delito y elevó a juicio una causa en contra de varios gremialistas.
En una audiencia colectiva contra referentes gremiales que protestaron en las calles por salarios, Raquel Blas fue la única gremialista que no aceptó la probation que impuso Pina a sindicalistas que se manifestaron en las calles y por tanto la acusación en su contra fue elevada a juicio. Referentes de ATE, en cambio, se sometieron a la sentencia judicial y aceptaron la probation a cambio de suspender el juicio.
Todas las causas fueron elevadas a juicio excepto una en la que los fiscales dijeron que no había pruebas, y estaba imputado Omar Alcalde, de la mutual policial.
Raquel Blas acudirá a la Corte contra el fallo que criminaliza la protesta en las calles de Mendoza
