La Justicia condenó al gobierno francés por no garantizar unos derechos mínimos a los migrantes y refugiados que viven en el campamento improvisado de Calais, conocido como 'La Jungla'. Tras la denuncia de las organizaciones Médicos del Mundo y Secorus Catholique (de Cáritas en Francia), el tribunal administrativo de Lille estimó parte de sus demandas que exigían la actuación inmediata de las autoridades francesas para garantizar, entre otros derechos, su acceso al agua potable y a sanitarios en el enclave en el que viven unas 6.000 personas sin apenas intervención estatal.
Las denuncias de las dos organizaciones humanitarias, con más de una década de experiencia en el asentamiento, incidían en "la violación permanente de las libertades fundamentales" de los habitantes de 'La Jungla', en concreto el derecho al asilo y a no sufrir un trato inhumano y degradante. En una denuncia de más de cien páginas las ONG exigían al tribunal de Lille que obligase a las autoridades galas a actuar de forma inmediata.
El asentamiento de 'La Jungla' concentra a miles de personas que intentan llegar a Reino Unido, en este punto próximo a suelo británico. Aunque este punto es testigo de un flujo migratorio hacia Reino Unido desde 1999, la crisis humanitaria de los refugiados se ha dejado notar en las llegadas a este asentamiento. Si en verano la población era de unas 3.000 personas, según las organizaciones sociales que trabajan sobre el terreno, en la actualidad afirman que hay unos 6.000 migrantes y solicitantes de asilo.
Según los datos del Acnur, gran parte de los pobladores del campamento son de Sudán, Eritrea, Afganistán, Siria y Etiopía. "La mayoría son de Sudán", indican desde Acnur. Muchos, por tanto, huyen de zonas de conflicto y son potenciales refugiados.
En su intento de llegar a suelo británico, colándonse sobre todo en camiones y en trenes, han muerto 18 personas desde principios de junio, recoge el diario francés La Voix du Nord, varios de ellos menores de edad.
Un reciente estudio de la Universidad de Birmingham, la primera investigación independiente sobre este asentamiento de 'La Jungla', denunciaba las condiciones insalubres en las que viven sus pobladores y la inactividad de las autoridades francesas.
"Es un lugar donde el Estado no existe", resumía a eldiario.es Thom Davies, uno de los responsables del estudio. Su trabajo exponía, entre otros puntos, la contaminación fecal de un punto de suministro de agua y de la existencia de solo un váter por cada 75 personas. Los mínimos exigidos por Naciones Unidas, y en situaciones de emergencias, son uno por cada 20 personas.
El tribunal administrativo de Lille ordenó a la prefectura de Paso de Calais, la región norteña en la que se halla el asentamiento, el censo de los menores migrantes que se encuentran solos y en peligro en el campamento para proceder a su alojamientos. El plazo: las próximas 48 horas desde la notificación de la orden.
La justicia exige también –y esta vez en un plazo máximo de ocho días– la creación de diez puntos de agua potable, la disposición en la zona de 50 letrinas, la instalación de contenedores y la limpieza del lugar. Además, también ordena la creación de varios accesos al campamento para permitir el acceso de los servicios de emergencia y para evacuar la basura almacenada en los contenedores.
La multa por no cumplir estas últimas medidas en el plazo requerido es de "100 euros por cada día de retraso", indica el tribunal. La justicia no ha advertido fallos en el acceso del derecho al asilo de estas personas ni ha accedido a la petición de las ONG de ceder temporalmente, y como medida de emergencia, inmmuebles vacíos a los migrantes.
El ministro del interior francés, Bernard Cazeneuve, ha calificado el proceso de "injusto", en declaraciones que recoge France info. El político entiende que las medidas que deberán cumplir por mandato de la justicia ya iban a ser puestas en marcha. "Decidimos hacerlo antes de la demanda", ha afirmado.
Las organizaciones denunciantes han celebrado la decisión, calificada de "verdadera victoria", por Anne-Lise Denoeud, jurista de Médicos del Mundo, por la presión que ejerce la decisión judicial. Desde Secours Catholique consideran que la resolución del tribunal de Lille "confirma que la moción presentada la semana pasada está plenamente justificada", recoge un comunicado.
Tanto la organización católica como Médicos del Mundo advierten de que permanecerán "vigilantes" ante las medidas a las que se comprometió el ministro francés del Interior, Bernard Cazeneuve, de ampliar las capacidades de acogida humanitaria para mujeres y niños y de mejorar la atención sanitaria. "Secours Catholique se reserva la posibilidad de acudir de nuevo a la Justicia si las promesas y los compromisos no se cumple o resultan insuficientes", indican.
Fuente: El Diario
