El comité de empresa de ERT había solicitado una cautelar que suspendiera el cierre, que dejó a más de 2.500 personas sin trabajo, hasta que hubiera una decisión definitiva.
El máximo tribunal administrativo de Grecia ordenó este lunes el restablecimiento inmediato de la señal de la radiotelevisión pública ERT, en un golpe a la decisión del primer ministro conservador, Antonis Samaras, de cerrar el ente.
En una medida cautelar, el tribunal, llamado Consejo de Estado, sentenció que ERT, cuya sede central en Atenas está tomada por los trabajadores desde la semana pasada, deberá permanecer abierta hasta que se cree una nueva televisión pública.
El comité de empresa de ERT había solicitado una medida cautelar que dejara en suspenso el cierre hasta una decisión final sobre el recurso presentado por los trabajadores contra la desaparición de la cadena, que dejó a más de 2.500 personas sin trabajo.
La orden provisional del Consejo de Estado exige que el ministro de Finanzas tome todas las medidas necesarias para restablecer la señal de televisión hasta que sea creado el nuevo ente.
La aplicación de la orden empezará a partir del momento en que sea entregada al ministro, lo que está previsto para las 6 de la mañana (la medianoche en Argentina).
La decisión del tribunal podría allanar el camino a una solución de la crisis de gobierno desencadenada por el cierre de ERT, decretado unilateralmente por Samaras, pues establece su reapertura inmediata, como pedían los socios de la coalición de gobierno, el socialista PASOK e Izquierda Democrática.
La medida se conoció mientras los socios de la coalición tripartita del Ejecutivo celebraban una reunión para buscar una salida a la crisis.
En el encuentro, Samaras propuso una solución de compromiso que consiste en reabrir de forma transitoria la ERT, con un equipo reducido hasta la creación de un nuevo ente público, dijeron fuentes gubernamentales citadas por la agencia de noticias EFE.
El premier ya propuso una fórmula muy similar la semana pasada, que entonces fue rechazada categóricamente por los socios de coalición, que exigen el pleno funcionamiento de ERT.
Las posturas de los tres partidos de la coalición de gobierno parece inamovible, pero no obstante decidieron reanudar el diálogo el próximo miércoles.
El líder del PASOK, Evangelos Venizelos, señaló tras la reunión que aún hay diferencias que abordar, entre las que figura cómo interpretar la medida cautelar decretada hoy respecto a la reapertura inmediata de la radiotelevisión pública.
"Esperamos que Samaras haga la interpretación correcta de la decisión del Consejo de Estado", dijo Venizelos.
Asimismo, destacó que también habrá que hablar sobre una "actualización del tratado de coalición", así como sobre una remodelación de gobierno y una mejora de la coordinación del Ejecutivo.
El 11 de junio pasado, en virtud de un decreto emitido el día anterior, el premier griego ordenó el cierre de ERT y el despido de sus 2.500 empleados con el argumento de que era necesario reemplazar el ente por otro más eficiente y menos costoso.
La radio y el canal dejaron de transmitir esa misma noche por primera vez desde su creación en 1938, pero un grupo de trabajadores tomó el edificio del organismo estatal en Atenas y logró seguir emitiendo por satélite gracias a la solidaridad de colegas europeos.
El decreto legislativo de Samaras debe ser ratificado en el Parlamento dentro de los próximos tres meses, algo que será muy difícil de lograr sin los votos de PASOK e Izquierda Democrática.
Una eventual derrota de Samaras en esa votación provocaría el colapso del gobierno de coalición que con mucho trabajo logró formar hace un año para lidiar con la crisis financiera que desgarra al país y demoraría la aplicación de las reformas que le exigen a Grecia sus acreedores internacionales.
Precisamente, los despidos de empleados públicos -como los de ERT- son parte de lo exigido a Atenas por sus prestamistas de la Unión Europea (UE), el Banco Central Europeo y el FMI, que en 2010 aprobaron darle a Gracia 270.000 millones de euros para evitar la quiebra de sus bancos y, por ende, de la gran banca europea.
A cambio, le exigieron salvajes ajustes, entre ellos, el despido de 2.000 funcionarios o empleados públicos hasta finales de julio próximo, sobre un total de 15.000 hasta finales del año próximo.
Las medidas de austeridad profundizaron el malestar popular y la recesión y provocaron el cierre de decenas de miles de comercios y una disparada del desempleo hasta el 27%, un récord para un país de la zona euro.
Aunque la medida judicial de hoy puede revertir la decisión de Samaras de cerrar la televisión estatal, la administración pública griega no podrá evitar los masivos despidos, por lo que el panorama no es alentador.
