La Justicia de San Juan ordenó detener temporalmente las actividades con cianuro en la mina Veladero

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La justicia de San Juan ordenó detener las operaciones con cianuro en la mina de oro Veladero donde el domingo se produjo una fuga, hasta determinar si en el episodio hubo delito y si se trata de una operación segura para la salud de la población, al tiempo que le ordenó a la empresa Barrick Gold que reparta agua potable en envases en las poblaciones de los dos departamentos vecinos al emprendimiento.

El juez de la causa, Pablo Oritja, dijo que la medida es en respuesta a los amparos presentados por un vecino de la localidad de Jáchal, una acción colectiva iniciada por el intendente de ese departamento, Jorge Barifusa, y por un requerimiento fiscal surgido de la demanda penal presentada por el gobierno de San Juan.

El juez Oritja indicó que “en principio la cautelar dispone suspender por 5 días las operaciones con cianuro en el emprendimiento minero”, ya que “la idea es hacer una triple inspección ocular que no podrá concretarse hoy por las condiciones de viento blanco y nevadas en la zona, lo que obliga a esperar que se abra una ventana climatológica que permita ingresar a la mina”.

El juez prevé hacer la inspección también junto a cuatro fiscales que puso la Corte de Justicia para investigar el caso de la que participarán un ingeniero especialista en temas mineros y peritos ambientalistas.

La prohibición solamente impide el trabajo en el Valle de Lixiviación de la mina, que es donde el mineral molido es regado con la solución cianurada para extraerle el oro y la plata, pero "no para el resto de la mina”, según el juez.

El magistrado dispuso, además, que la Barrick Gold provea agua mineral y potable en bidones y botellas a las poblaciones cercanas “como medida preventiva, hasta determinar la sanidad del agua de consumo masivo”.

Además de los recursos de amparo, el juez confirmó que hay una causa penal que ya cuenta con requisitoria de parte de la fiscal Graciela Del Pie y tres fiscales mas designados por la Corte de Justicia, que pide “investigar si hubo delito en el episodio y determinar si el sistema utilizado para separar el metal de la roca es seguro, de manera que no implique ningún riesgo latente de contaminación”.

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