Cuatro intendentes de ciudades pampeanas fueron imputados por un fiscal federal por tolerar prostíbulos en los que sospecha que se comete el delito de trata de personas, con la supuesta anuencia de jueces de paz, funcionarios municipales y policiales, según consignó la agencia DyN.
El fiscal federal Juan José Baric pidió la indagatoria del intendente de 25 de Mayo, David Edgardo Bravo, a quien le imputa la "participación necesaria" en el delito de "trata de personas", figura que también le reprocha al jefe comunal de Lonquimay, Luis Enrique Rogers.
Sobre Bravo, además, pesa una condena a siete meses de prisión en suspenso por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" en relación con los mismos hechos, pero la sentencia está apelada ante la Corte Suprema de Justicia y, en consecuencia, aun no está firme.
En cuanto a Rogers, según explicó el representante del Ministerio Público, está procesado por el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público", y la medida está apelada ante la Cámara Federal de Bahía Blanca, que es el tribunal de alzada de la justicia federal pampeana. Rogers cobró cierta notoriedad pública en 2009 cuando ante un cuestionamiento sobre la existencia de prostíbulos en su distrito, declaró: "No voy a cerrar el cabaret, es un lugar de contención para los jóvenes, es un lugar de esparcimiento para jóvenes y camioneros".
Además, el fiscal Baric imputó a los intendentes de las localidades de Macachín, Jorge Cabak, y de General Acha, Elena García, en ambos casos sospechados de "incumplimiento de los deberes de funcionario público", delito que se habría cometido por la omisión de denunciar y perseguir la explotación de personas con presuntos fines sexuales.
Los intendentes cuestionados por el fiscal Baric tienen jurisdicción en una zona neurálgica de La Pampa, ya que se trata de lugares cercanos a las fronteras con las provincias de Neuquén y Río Negro, con fuerte influencia económica de las empresas petroleras radicadas en esos distritos.
El pedido de indagatoria para el intendente Bravo fue enviado a la jueza federal subrogante de Santa Rosa (el único juzgado federal de La Pampa), Iara Silvestre, quién aún no se pronunció.
