La Justicia le ordenó al ministro de Defensa, Luis Petri, que preserve toda la documentación que pueda servir para investigar los crímenes de la dictadura.
Petri viene desde marzo desarmando la política de memoria, verdad y justicia que se implementaba en Defensa desde hace catorce años, para dar lugar a una reivindicación del accionar de las Fuerzas Armadas, con las que el presidente Javier Milei llamó a reconciliarse el 2 de abril pasado y con las que se abrazó en el desfile militar de la semana pasada.
Petri eliminó el área que analizaba archivos del terrorismo de Estado
El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, dictó una medida de no innovar para que el Ministerio de Defensa no pueda modificar, mudar, alterar y/o introducir cambios a la documentación sobre los años del terrorismo de Estado.
Eso incluye el trabajo de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) documental, que Petri comenzó a desmantelar a finales de marzo pasado. A sus integrantes los acusó de hacer “macartismo” dentro de las Fuerzas Armadas, porque contribuían a las investigaciones sobre crímenes contra la humanidad.
“El hecho de que todavía se desconozca el paradero de un considerable número de personas que privadas de su libertad personal permanecen desaparecidas, o que por haber nacido durante el cautiverio de sus madres o haber sido secuestradas a una corta edad junto con sus familiares o cuidadores desconocen su verdadera identidad biológica, da cuenta de la relevancia que el mentado archivo documental denota para la continuación de la pesquisa”, justificó Kreplak tras adoptar la medida cautelar, según informó Página/12, tras acceder a información de la causa.
Petri publicó, el 4 de julio pasado, la resolución 680, que oficializaba el desmantelamiento de los equipos de civiles que analizaban los archivos burocráticos de las fuerzas para aportar información a las investigaciones por secuestros, asesinatos, desapariciones y apropiación de niños y niñas durante el terrorismo de Estado. Por lo anterior, la Fiscalía hizo el requerimiento.
El juez recordó que el Estado argentino está obligado a investigar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante los años de la dictadura. Y resaltó que, en 2017, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas había manifestado su preocupación por el debilitamiento de oficinas públicas que daban apoyo a la investigación y le había recomendado al Estado argentino mantener las políticas de memoria.
Caber recordar que, en marzo de 2010, la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, firmó la resolución 308, que establecía la creación de un grupo de trabajo para relevar y analizar toda la documentación archivada y/o custodiada por las Fuerzas Armadas que pudiera tener valor histórico o judicial.
