La Justicia considera que el Ejecutivo porteño tomó atribuciones del poder legislativo. En Mendoza, la iniciativa del PRO derivó en un proyecto de ley copiado de la iniciativa de Macri que fue presentado por los demócratas.
El juez Osvaldo Otheguy, en lo Contencioso Administrativo y Tributario, dictó una medida que frena el decreto de necesidad y urgencia que firmó Mauricio Macri para "proteger la libertad de expresión" en la Ciudad y que en Mendoza tiene una normativa espejo presentada por los senadores provinciales del PD Carlos Aguinaga y Ernesto Corvalán.
El juez dio lugar a la medida cautelar solicitada por los legisladores de Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti, Delia Bisuti y Edgardo Form en lo que se refiere a los artículos que regulan cuestiones tributarias por considerar que violan la Constitución de la ciudad de Buenos Aires, informó el portal Infojus Noticias.
La cautelar suspende los artículos 14, 1er. Párrafo y 16 2do. párrafo del Decreto de Necesidad y Urgencia 2/2013 en lo referido a la imposibilidad del establecimiento de impuestos y a la limitación de la ejecución judicial de deudas tributarias de periodistas y medios de comunicación.
En la medida, el juez señaló que hizo lugar al planteo de los legisladores porque estos "se han visto privados de ejercer su competencia como legisladores. Ello se presenta con claridad con relación a las ilegitimidades referidas a la inexistencia de las circunstancias excepcionales contempladas en el artículo 103 de la Constitución de la Ciudad y a la regulación de materias expresamente vedadas por esa norma constitucional para los DNU”.
El artículo 103 de la Constitución dice que “el Poder Ejecutivo no puede, bajo pena de nulidad, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos en ésta Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen las materias procesal penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, el Gobernador puede dictar decretos por razones de necesidad y urgencia”.
"Con relación al planteo de la ilegitimidad del DNU por legislar en materia tributaria, lo que se encuentra prohibido por el artículo 103 de la Constitución porteña, es posible su tratamiento aun en esta etapa del proceso, por tratarse de una cuestión de puro derecho que no reviste complejidad de análisis. Al respecto, cabe decir que asiste razón a los actores en su pretensión”, dice el fallo.
Al respecto detalla que tanto el artículo 14 como el artículo 16 pretende regular cuestiones tributarias.
“La incursión en la materia tributaria aparece patente en el artículo 14 cuando establece la imposibilidad de establecer impuestos a la producción o importación de papel para medios gráficos, de enseres, equipos, insumos y aparatos necesarios para la difusión de expresiones, información, opiniones o ideas por cualquier soporte o modalidad", señalo.
Agrega que "lo mismo acontece en el artículo 16 cuando limita la ejecución judicial de deudas tributarias a los periodistas y de los medios de comunicación a los activos que no resulten directa o indirectamente imprescindibles para el ejercicio de su actividad”.
El juez constata “el establecimiento por medio de un DNU de normas referidas a la materia tributaria, sin importar examen alguno sobre la adecuación de tales normar a los principios constitucionales en materia tributaria contenidos en la Constitución de la Ciudad y de la Constitución Nacional. Por lo expuesto, corresponde admitir la pretensión cautelar suspensiva contenida en la demanda, con relación a las normas del DNU que tratan materia tributaria".
Por este motivo, el tribunal “considera que se encuentran configurados los requisitos exigidos para la concesión de la tutela cautelar de manera parcial, limitada a la suspensión de los artículos 14, 1er. Párrafo y 16 2do. Párrafo del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/2013".
Según se informó, como el texto del DNU no puede ser modificado por la Legislatura, solo aceptado o rechazado en su totalidad, este pronunciamiento de la justicia porteña impediría que el 30 de mayo el Decreto pueda ser sancionado sin que los legisladores desobedezcan a la Justicia.
