Mientras en Mendoza el flamante fiscal de Estado Fernando Simón se probaba el traje con una reunión ampliamente difundida entre el Gobierno y la oposición buscando dar señas de una política de Estado en el conflicto con La Pampa por el río Atuel, la Cámara de Diputados de esa provincia aprobaba el impulso de otra denuncia en la Corte de la Nación contra Mendoza, San Juan y San Luis por otro río: el Salado.
Siendo varias provincias usuarias de la misma cuenca hídrica que es la del río Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó, aguas arriba (San Juan, Mendoza), La Pampa argumenta que las cuyanas aprovechan los caudales y afectan la llegada del recurso aguas abajo (La Pampa).
Sobre el río San Juan, argumentan los pampeanos, se hicieron obras como la represa de Ullum, Los Caracoles y otras que afectaron el suministro de agua a La Pampa. El río San Juan integra la cuenca más extensa del país, la del Desaguadero, que abarca 248.000 km2 y comprende parte de las provincias de La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis y La Pampa.
En la sesión de este miércoles, por unanimidad, la Legislatura pampeana aprobó una resolución para que el Poder Ejecutivo "instruya al fiscal de Estado para que promueva una acción de amparo ecológico o ambiental" ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra San Juan, Mendoza y San Luis por el uso "abusivo, indebido e ilegítimo" del río Salado, según informó en su sitio el portal pampeano diariotextual.com.
Con esta medida, la decisión de ir a la Corte quedará en manos del gobernador Oscar Jorge. En caso de concretarse, será el tercer juicio que emprende La Pampa por el corte de un río. Hoy existen dos demandas contra Mendoza por el corte del río Atuel.
La iniciativa fue presentada por el diputado Martín Berhongaray (Frepam), quien al fundamentar el reclamo dijo: "El Estado nacional se hace el distraido, mira para para otro lado porque prefiere no enfrentar los fuertes intereses económicos y políticos que hay detrás de estos abusos. Esto transgrede la visión federal que la reforma constitucional asignó a la temática ambiental", dijo Berhongaray.
El legislador agregó: "Se están lesionando con arbitrariedad e ilegalidad derechos y garantías reconocidos constitucionalmente, en este caso el derecho al agua, a la salud y al ambiente. No queremos que con el Salado nos ocurra lo mismo que con el Atuel. Hay que trabajar con firmeza para revertir esta situación".
“¿Contra quién se pide?”, se preguntó y respondió: “contra las provincias que están ubicadas aguas arriba, que comenten en forma directa los abusos: San Juan, San Luis y Mendoza. Y, a pesar de que no lo menciona el despacho, creo que es absolutamente necesario demandar al Estado Nacional, por todas las consideraciones que acabo de formular, y porque así lo exige uno de los principios de política ambiental que es el principio de solidaridad”.
Apuntó que “no queremos, que con el río Salado ocurra lo mismo que con el Atuel. Los perjuicios sociales, económicos y productivos y ambientales son de consideración, pero hay que trabajar con firmeza para evitar que se profundicen, y en la medida de lo posible para revertirlos. La situación es sumamente preocupante, pero no es nueva”.
La cuenca Desaguadero
Fuente: Diario Textual/Diario de La Pampa
