Un proyecto de ley presentado por Alfredo Cornejo para modificar el Estatuto del Empleado Público (Ley 560/73) desató una fuerte reacción gremial y política. La iniciativa propone la creación de la figura del “personal interino”, excluyendo a miles de trabajadores estatales de derechos fundamentales como la estabilidad laboral, la antigüedad y la defensa frente a sanciones. Según el artículo 4 bis del proyecto, el personal interino “no goza de estabilidad propia”, lo que habilita despidos sin causa, sin indemnización y sin derecho a reinstalación.