La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) demandó al centro de esquí El Azufre, en Malargüe, aduciendo que la empresa está montada ilegalmente en tierras estatales y pidió el desalojo del complejo, que este año brindó su primer servicio orientado a turistas VIP.
La agencia ya había advertido a Rodolfo Suarez en diciembre de 2021 sobre la cesión de esas tierras. No obstante, con posterioridad a esa fecha, hubo un dictamen de la Fiscalía de Estado dando su aval, y luego llegó el decreto de Suarez.
La AABE pidió entonces al gobernador que dejara sin efecto el decreto que los habilitaba a la explotación turística. "La asignación efectuada a la firma El Azufre S.A. no se llevó a cabo con ajuste a las formalidades establecidas en el Convenio ni las vigentes en materia inmobiliaria estatal", señaló el organismo.
Pero tanto Suarez como el fiscal de Estado, Fernando Simón, ignoraron las advertencias de la Nación al respecto y avanzaron otorgando permisos a los empresarios, incluso sin que éstos presentaran estudios de impacto ambiental.
Según informaron a la agencia estatal Télam desde la AABE, el conflicto se inició este verano luego de que el gobierno mendocino emitió el decreto N° 2138/21 que cedió un terreno de 12.351 hectáreas en la zona cordillerana para que la firma Azufre SA desarrolle un centro de esquí.
"Se efectuó una asignación gratuita de las tierras por parte de la provincia que no son de su titularidad excediendo sus competencias, prescindiendo del proceso licitatorio correspondiente", afirmó la AABE en la demanda presentada en el juzgado federal de San Rafael y agregó que "el Estado nacional, como titular de dominio de las tierras, resulta afectado en sus intereses patrimoniales".
De esta manera, la compañía Azufre SA, perteneciente a los empresarios Alejandro Spinello, Daniel Nofal y José Beccar Varela, se vio beneficiada con el usufructo de esta zona ubicada a 2.400 metros de altura, donde se montó un centro de esquí boutique, ya que sólo se puede acceder por vía aérea, lo cual transformó el complejo en una opción muy exclusiva ideada para fanáticos del deporte de nieve y con un alto poder adquisitivo.
"Es una zona de frontera en la cual los pobladores locales realizaban veranada, es decir, llevaban a sus animales a pastar en verano, pero luego en invierno es una zona inaccesible", explicaron las fuentes de la AABE y agregaron que todo se inició porque uno de estos pobladores locales, que hacía uso informal de los suelos estatales, intentó prescribir el terreno a su favor.
"Nadie pagó nada, fue gratis. No consta en ningún lugar que alguien haya pagado algo por los terrenos", aseguraron.
A partir de esta situación, la AABE inició una demanda en la Justicia para pedir el desalojo del lugar y hacer cumplir las leyes 17.091, que establece la restitución de inmuebles fiscales cedidos, y 21.900, ya que se trata de un espacio de frontera.
El centro de esquí, que brindó servicios este invierno sobre todo a turistas extranjeros, se postuló como una empresa "100% sustentable", sin embargo no contaba con un informe de impacto ambiental, en una zona particularmente sensible por tener nacientes de agua y humedales.
El Azufre tiene planeado para 2024 construir varios hoteles, una docena de restaurantes y tiendas en la zona, a la vez que planificó incluso pistas de esquí de fondo al pie del volcán con una posible parada en baños de agua caliente.
"Nadie pagó nada, fue gratis. No consta en ningún lugar que alguien haya pagado algo por los terrenos", aseguraron desde AABE
En la demanda, la AABE aseveró que "la ocupación del inmueble se sustenta en un acto ilegítimo de la Provincia de Mendoza –no del Estado Nacional- que en modo alguno puede fundar una ocupación legitima sobre un inmueble que no es de su propiedad, más aún cuando el titular dominial, en este caso el Estado Nacional, ha manifestado expresamente su oposición".
"La solución es el desalojo, es una medida sencilla. Ante la ausencia de un vinculo jurídico, es una acción civil de desalojo contra un ocupante que no tiene por qué permanecer en el inmueble estatal. No juzgamos la actividad, sino que estamos defiendo el patrimonio del Estado", aseguraron desde la AABE.
