Un dictamen de la Fiscalía de Estado avalando la legitimidad de la cesión de tierras al proyecto El Azufre en la cordillera malargüina quedó en la mira de la oposición en la Legislatura tras una jornada de cruce de chicanas por el decreto de Rodolfo Suarez que habilitó esa concesión a favor de un grupo empresario.
La Fiscalía de Estado es controlada por el justicialista Fernando Simón, una excepción en cuanto a los demás organismos de control y entes autárquicos -como el EPAS, Irrigación, el EPRE, o el Tribual de Cuentas- que están en manos del oficialismo y son parte del ecosistema de poder cornejista.
En la sesión del Senado, oficialistas y opositores se trenzaron en acusaciones tras la aprobación de un proyecto del PJ para elevar un pedido de informe para que el Ejecutivo brinde detalles de la cesión de 12.000 hectáreas de cordillera en Malargüe.
Se trata de tierras que fueron cedidas vía decreto por Rodolfo Suarez en diciembre de 2021. El lugar era usado por puesteros para la veranada de su ganado. Según Alejandro Spinello, el empresario cofundador -al menos en su cara visible- de El Azufre, "los puesteros hicieron una cesión de la tierra y estaban contentos".
En noviembre de 2020, y tras reunirse con los empresarios que lo llevan adelante, el PJ le había dado el visto bueno al proyecto El Azufre, declarándolo de interés tras un proyecto de Verónica Valverde. Sin embargo, efectivizada la cesión y ante la trascendencia pública de la misma, el partido salió a pedirle explicaciones a Suarez.
El justicialismo puso la lupa sobre la falta de la declaración de impacto ambiental y el destino de los puesteros que usan esas tierras para la veranada de su ganado. Además, deslizaron sus sospechas porque el decreto de Suarez fue firmado el 23 de diciembre, en la víspera de Navidad.
El jefe de bloque, Lucas Ilardo, anticipó que "el Fiscal de Estado tambié debería dar explicaciones".
Las críticas al Fiscal de Estado
El trámite de la cesión de tierras obtuvo, además, el visto bueno de la Fiscalía de Estado, con un dictamen publicado en su página, en la que aclara que sólo dictamina sobre la formalidad de la entrega de tierras en el marco de la legalidad.
"Corresponde dejar expresa constancia que el control efectuado por Fiscalía de Estado se circunscribe a la legitimidad del procedimiento, sin que su pronunciamiento importe manifestación alguna sobre cuestiones técnicas (ajenas a su incumbencia) o de mérito, oportunidad o conveniencia (asignadas a los órganos de la administración activa), conforme doctrina sentada en reiteradas oportunidades por el órgano nacional aludido!!, se lee en el último párrafo del dictamen firmado por el fiscal Fernando Simón.
Al respecto el senador Marcelo Romano anticipó: "Vamos a hostigar al oficialismo para que nos traigan a cada uno de los funcionarios que no hicieron estudio de impacto ambiental. Necesitamos que venga el Fiscal de Estado Fernando Simón a explicar porqué le ha dado el ok a este mamarracho jurídico".
"No podemos cuestionar al Fiscal de Estado"
"Este es un tema que tendría que tenernos a todos contentos y contentas -refutó Natacha Eisenchlas-, porque implica una posibilidad de inversión para un departamento muy castigado". Siguió: "La Fiscalía de Estado, un órgano extrapoder, presidido por una persona que no es del oficialismo, que goza de respeto de toda la sociedad mendocina, que tiene toda la autoridad para expedirse en esta materia".
La senadora castigó a los que se oponen al proyecto cuestionando la legalidad: "Es una asignación precaria que debe aprobar la Nación. No ha dicho la última palabra Suarez sino que lo tiene que aprobar la Nación a través de la Comisión de Fronteras. Dice que debería haber habido una licitación, pero la provincia no puede licitar tierras que no son propias. Es desopilante la situación de malversación de lo que está ocurriendo. Han querido tender un manto de sospechas que yo espero que cuando llegue el informe tengan la grandeza de decir la verdad".
También en defensa de Simón habló el oficialista Marcelo Rubio. "Estamos abriendo las puertas del infierno en esta Legislatura -ensayó-. Hay un grado de desconocimiento de lo que significa un órgano extrapoder que fiscaliza y protege los intereses de la provincia. Y si no que proponga el senador que empezó con estas denuncias (N. de la R: en referencia a Lucas Ilardo) que proponga que se cierre la Fiscalía de Estado".
"Permítannos sospechar"
"Que haya sido un acto legal no quiere decir que sea legítimo", subrayó a su turno la malargüina Silvina Camiolo, del PJ, quien aseguró que conoce las leyes pero manifestó su preocupación por los puesteros que hacía veranada en esos parajes. "Por lo menos permítannos sospechar", remarcó en otro tramo de su intervención.
El senador Alejandro Abraham deslizó sus temores acerca de que "no sabemos si esta sociedad de capitales exiguos va a terminar siendo controlada por capitales extranjeros. No queremos que detrás de la legalidad se esconda el cuchillo debajo del poncho".
La expulsión de las comunidades
Intervino también Lautaro Jiménez, del FIT: "Es cierto que cada vez que se pone en discusión el problema del uso del suelo surge una polémica que no se entiende bien por dónde va. Debajo de la problemática legal, y más allá del dictamen de la Fiscalía de Estado, es un tema donde se somete a presiones muy fuertes a los eslabones más fuertes de la cadena como los puesteros"..
"En el proyecto de El Azufre -siguió- hay un problema muy importante, y es que no se les da ninguna garantía a aquellas comunidades que aunque no estén arraigadas como puesteros cumplen generación tras generación en hacer la veranada e esas tierras. Lo que está en discusión es si siempre se va a apostar a este tipo de inversiones que arrasan con estas comunidades. No me caben dudas que este proyecto va a llegar con su seguridad privada, con sus alambrados. Como ocurre en el sur, que cualquiera pone una garita y avanzan. Hay un sentido de privatización importante".
Recordó la compra de 250.000 hectáreas por parte de inversiones malayos durante el gobierno de Jaque. "Tenemos un territorio con cada vez más cráteres y el sentido de uso que se les da es mucho más que un emprendimiento económico. Tiene un impacto social más profundo. Más que una privatización es una desposesión de tierras, que cada vez pertenecen menos a los puesteros y a las comunidades".
"Cuidar la marca Mendoza"
En contraste con el sentido de la intervención de Jiménez, la senadora Gabriela Testa (UCR) convocó a "cuidar la marca Mendoza alentando estas inversiones" y dijo que la actividad de los puesteros con su veranada "está garantizada", aunque no sustentó esta última afirmación.
"Que Mendoza mantenga en su portfolio de productos turísticos el producto nieve es fundamental la nieve para los esquiadores que son de alto poder adquisitivo... Este sector garantiza nieve de calidad y en abundancia, porque estos inversores así lo han demostrado", se explayó Testa.
