La oposición no irá este martes a la sesión en la que se tratará el pliego de Teresa Day como candidata a la Suprema Corte, propuesta por Rodolfo Suarez. Se lo anunció este lunes al vicegobernador, Mario Abed. Se descuenta que el oficialismo impondrá con sus votos a Day, lo cual profundizará el conflicto, ya que hay dos denuncias, interpuestas precisamente en la Corte, por la postulación.
El gobierno faltó la semana pasada a las dos audiencias convocadas por la Sala II de la Corte para dirimir sendas denuncias: una por inconstitucionalidad -porque Day no cumpliría los requisitos que pide la Carta Magna para un cargo de semejante jerarquía- y la otra es una medida cautelar que pidió no innovar y suspender el proceso de votación en la Legislatura.
El conflicto, ahora judicializado, fue en alza a medida que pasaban los días, pero el Ejecutivo redobló su estrategia basado en la mayoría de los votos obtenidos en octubre. Como remarcó el senador Juan Carlos Jaliff, uno de los defensores en esta batalla sobre quienes se oponen a que Day llegue a la Corte: "Son una minoría que perdió las elecciones".
Sin embargo esa minoría incluyó la impugnación de referentes del feminismo, de todo el arco de Derechos Humanos de la provincia, de organizaciones sociales y barriales, muchas de las cuales no pudieron expresarse en la Audiencia Pública por la burocracia ad-hoc de la sesión inédita vía online.
La Sala II de la Corte -formada por Mario Adaro, Omar Palermo y José Valerio- aún no define sobre la cautelar, que sería la medida más urgente contra la postulación de Day. Sobre la acción declarativa de certeza, que interpusieron el PJ, el Partido Intransigente y Protectora, podría expedirse pasada la votación en el Senado, lo cual complicaría todavía más la crisis institucional que derivó de la judicialización del conflicto.
El Gobierno ya recusó a los tres jueces y pidió que se expida el pleno de la Corte sobre el asunto. Es difícil predecir las consecuencias de un fallo de la Corte en ese sentido después de que Teresa Day ya sea jueza de la Corte votada por el Senado.
Este es el comunicado del PJ anunciando que no va a la sesión:
En el día de hoy, le hemos expresado al Vicegobernador de la Provincia, Mario Abed, la decisión de la oposición de no participar ni convalidar la sesión de acuerdo a la que fuimos convocados, a realizarse este martes 30 del corriente. Todo ello a raíz de las dudas que nos genera la postulación de la Sra. María Teresa Day, acerca del cumplimiento de lo exigido por la Constitución en lo relativo al ejercicio profesional de abogada de 10 años de antigüedad u 8 de la Magistratura que exige nuestra Constitución Provincial.
Es por eso que presentamos una acción declarativa de certeza, pidiéndole a la Justicia, última intérprete de nuestra Constitución, que determine sin lugar a dudas, cuál es el criterio para interpretar los requisitos de nuestra Carta Magna, ya que se podría ocasionar un grave daño. Es por eso que solicitamos que no se llevara a cabo la sesión hasta que no fuera resuelta la declaración de certeza.
No obstante, propusimos instancias de diálogo para poder llegar a un entendimiento y clarificar las dudas que nos generaba la postulación de la Dra. Day, las cuales fueron sistemáticamente rechazadas por el gobierno provincial, aun la audiencia propuesta por la Suprema Corte de la Provincia, a la cual asistimos, esperando en vano la presencia del oficialismo.
Nos parece un atropello institucional avanzar con esta designación, cuando existen tantas dudas respecto al cumplimiento de requisitos básicos para proceder, ya que, con el apoyo a este inconsistente pliego se está poniendo en peligro, no solo los mecanismos institucionales para la elección de jueces, sino también a toda la seguridad jurídica de la provincia.
Desde nuestro rol de Legisladores, hemos tratado de ser rigurosamente respetuosos y garantes de la institucionalidad que nuestra provincia ostenta, tratando de generar las instancias de diálogo y acercamiento para que cualquier aspereza política o ideológica, no sea óbice para que una mendocina ocupe la vacante que se ha generado en nuestro máximo tribunal, es por ello que desde la oposición no se han hecho cuestionamientos morales o éticos, ni se ha puesto en duda la solvencia académica de la postulante, pero en honor a la institucionalidad tan declamada, no podemos avalar un pliego que genera tanta incertidumbre a la vista de nuestro texto constitucional.
