Por instrucción directa del gobernador Sergio Ziliotto, la Fiscalía de Estado de La Pampa presentó este 8 de agosto una denuncia penal contra el Departamento General de Irrigación de Mendoza. El motivo: la presunta “alteración deliberada de datos hidrológicos” sobre el río Atuel, maniobra que —según el gobierno pampeano— busca justificar el incumplimiento del fallo de la Corte Suprema que obliga a garantizar un caudal hídrico ambiental permanente en territorio pampeano.
La presentación judicial se concretó en una fecha cargada de simbolismo: el Día por la Lucha por el río Atuel, instituido por Ley Provincial N° 2867. “Esta coincidencia reafirma el carácter de política de Estado que la defensa del Atuel tiene para el Gobierno y el pueblo de La Pampa”, expresó un vocero oficial.
Inconsistencias técnicas y manipulación de datos
El eje de la denuncia se basa en un informe técnico elaborado por la Secretaría de Recursos Hídricos de La Pampa, que detectó graves inconsistencias entre los registros informados por Irrigación de Mendoza y los datos publicados por la Red Oficial de Monitoreo Hidrológico del Estado Nacional. Lo llamativo: ambas mediciones se realizan en la misma ubicación geográfica, pero los resultados difieren notablemente.
Marinelli es del riñón político de Cornejo y figura clave en el manejo del agua en Mendoza
La manipulación se evidencia en la estación de aforo “La Angostura”, donde —desde febrero y marzo de este año— los volúmenes informados por Mendoza comenzaron a figurar muy por debajo de lo que correspondería según los ingresos y egresos reales del sistema de embalses. La denuncia sostiene que esta subdeclaración implicó la “desaparición” de 60 hectómetros cúbicos de agua (60 mil millones de litros) de los registros oficiales.
“De un día para otro, la línea de ingreso de agua bajó abruptamente una serie de escalones, sin explicación alguna, ajustándose por debajo del promedio histórico”, señala el documento presentado ante la Justicia Federal.
Marinelli, operador hídrico y político
La denuncia identifica como principal responsable al superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli, figura clave del esquema político del gobernador Alfredo Cornejo. Pero no es la primera vez que su gestión queda bajo la lupa.
En febrero de 2025, Marinelli aprobó la perforación de nueve nuevos pozos subterráneos en la Subcuenca El Carrizal, margen derecha del río Mendoza, pese a que la zona estaba bajo restricción hídrica desde agosto de 2024 por decisión del propio funcionario. Lo insólito: fue él mismo quien firmó ambas resoluciones, la que restringía y la que habilitaba.
El principal beneficiario de esa autorización fue Cresud SAFIC y A., del empresario Eduardo Elsztain, cabeza del poderoso Grupo IRSA y cercano al presidente Javier Milei. La empresa recibió cinco pozos para regar 424 hectáreas. Elsztain es dueño del Hotel El Libertador —donde se refugió Milei tras ser electo—, de IRSA Propiedades, Banco Hipotecario, BrasilAgro y Cresud. Según Global Witness, Cresud se dedica a comprar tierras forestales, deforestarlas y convertirlas en cultivos o ganadería, para luego venderlas revalorizadas.
Este antecedente refuerza el perfil de Marinelli como operador técnico y político de intereses concentrados, capaz de modificar criterios hídricos según conveniencias empresariales, mientras niega agua a territorios históricamente afectados como el oeste pampeano.
Presentación ante la Corte y reunión de la CIAI
La información fue compartida en la última reunión de la representación pampeana ante la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI), realizada en el Centro Cívico. Allí se presentó el informe técnico que fundamenta la denuncia penal, el cual también fue incorporado a una nueva presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Con esta acción, La Pampa refuerza su estrategia judicial y política para exigir el cumplimiento efectivo del caudal ambiental del Atuel, en una disputa histórica que vuelve a tensar los vínculos interprovinciales y pone en el centro del conflicto a un funcionario que, mientras niega agua a una provincia, la habilita para los negocios de los grupos más poderosos del país.
