La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad se sumó al pedido de organismos de Derechos Humanos de Mendoza para que se rechace el pedido del exjuex Otilio Romano para gozar del beneficio de la prisión domiciliaria o un eventual traslado a otra cárcel.
La posibilidad de un traslado de Romano se barajó después de que el perito médico forense enviado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Florencio Casavilla, señalara en un informe que los ex policías imputados en el juicio Pablo Gutiérrez y Francisco Alberto López –quien estuvo prófugo hasta hace 10 días- y el ex juez Otilio Romano padecen distintas enfermedades que necesitan diferentes tratamientos. El informe concluyó que en el Penal San Felipe –donde están alojados- no se cuenta con infraestructura, recursos ni especialistas para que el acompañamiento médico sea el adecuado.
Jorge Auat, titular de la Procuraduría, manifestó su rechazo a esta posibilidad considerando el antecedente de fuga del acusado y la dudosa objetividad del informe del perito forense. Además valoró el perjuicio social que implicaría una resolución contraria a la repuesta institucional que esperan hace 34 años las víctimas de delitos de lesa humanidad.
A este pedido adhirieron las partes integrantes de la Querella, entre ellos el doctor Pablo Salinas, por el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, quien además reforzó el pedido de cárcel común e igualdad de condiciones ante la Justicia. Por su parte, la Subsecretaria de Justicia de la provincia, doctora Romina Ronda dejó en consideración del Tribunal la realización de una visita al pabellón de los acusados para constatar las condiciones en las que se encuentran.
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