La Suprema Corte de Mendoza condenó al Arzobispado de Mendoza a indemnizar a un joven seminarista que fue abusado por un sacerdote en San Martín en 2001 tras una convivencia formativa que se había iniciado en 1998. Lo hizo al rechazar un recurso de Casación presentado por la jerarquía católica, tal como adelantó el portal Mdz.
Iván González fue abusado por el sacerdote Jorge Luis Morello y denunció el caso ante las autoridades de la Iglesia, más precisamente al entonces obispo, Monseñor José María Arancibia, quien le prometió que el hecho se investigaría, y que se tomarían las medidas pertinentes. Dispuso entonces una indagación interna, la cual arrojó que Morello tenía el hábito de cautivar a “varias personas menores a él”, formando “círculos de seguidores”; que tenía una “forma de actuar psicopática (...) en la que envolvía a sus interlocutores”, que lo que más se captaba de él era “como una manipulación que hacía de las personas”, y que confirmó la existencia de una relación homosexual duradera entre el diácono e Iván, “pues era visible, se los veía siempre juntos, era una relación muy cercana entre los dos”, según se lee en las testimoniales de “Andrés G.” (a fojas 282/283), del cura párroco Sergio Martín (sacerdote M.) a fojas 170/173, y del sacerdote “Fabián Bernardo V.”, a fojas 198/199, ídem expediente nota 1, citado por el periodista Carlos G. Wilckens en otra nota de Mdz.
Al momento en que fue abusado, González era menor (tenía 19 años) y fue representado por el abogado Carlos Lombardi quien reclamó la inconstitucionalidad del abordaje mediante los códigos internos de la Iglesia.
"Buscó ayuda en el Arzobispado y buscó interiorizarse del avance de las investigaciones, pero ésta fue mantenida en estricto secreto y no se le otorgó una respuesta, a pesar de haber sido la víctima de un sacerdote. La defensa de González reclamó informes a las autoridades religiosas y lo rechazó sin fundamentos. Fue cuando el abogado de la Iglesia, Luis Horacio Cuervo, presentó una carilla en la que negó que su defendido tenga responsabilidad en el hecho denunciado, negó la existencia de abuso sexual y el daño, y también que la justicia pueda inferir en los procedimientos internos de la Iglesia Católica", señala el portal.
En junio de 2014, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) presentó ante el Poder Judicial mendocino un Amicus Curiae, solicitando terciar en esa causa contra el Arzobispado.
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