La Unión de trabajadores rurales Sin Tierra – MNCI -Vía Campesinarechazó losproyectos de avance contra la ley 7722 y el proyecto para crear "parques mineros industriales", ambos de legisladores del PJ, por considerar que "no solo ponen en riesgo la conservación de los bienes naturales esenciales como el agua, sino que además proponen ampliar la matriz productiva a través de otra actividad económica extractivista que sumaría a las ya existentes como la vitivinicultura y que nada aportará a las economías regionales y que nada tiene que ver un desarrollo sustentable real".
Los senadores peronistas Juan Agulles y Alejandro Abraham impulsan sendas iniciativas promineras: de creación de “parques industriales mineros controlados” y de reforma de la 7.722 para habilitar la minería con las sustancias prohibidas. La resistencia social al avance de estas propuestas se ha planteado en las calles de Mendoza desde hace ocho años, cuando se rechazó el avance del proyecto San Jorge.
Con respecto a esto, denunciaron "los argumentos falsos utilizados por el senador (Agulles) para validar a la actividad minera como un recurso que promoverá el desarrollo económico de la región dentro de un marco legal que controle la actividad para que esta se lleve a cabo respetando y cuidando el medio ambiente. Consideramos que por más puestos de trabajo que una empresa minera necesita generar para llevar adelante la extracción, no puede considerarse sustentable a una actividad económica que mercantiliza a la naturaleza mediante la privatización y el acaparamiento de territorio, la extranjerización de recursos minerales e hídricos, la fragmentación de la sociedad productiva local, el despojo ecológico y la expropiación de activos del Estado. Además, por más dinero que el Estado pueda recaudar mediante el cobro de impuestos, tasas y regalías (el proyecto presentado propone el cobro de un 1,5 % + IVA sobre la facturación total anual), ese dinero es insignificante en comparación con las ganancias de las empresas, y con el costo y deterioro ambiental y social que pagaremos nosotrxs y las generaciones futuras".
Luego remarcaron que "el gobierno debe buscar la generación de políticas públicas que apunten al fortalecimiento genuino de las diversas economías regionales existentes, las producciones locales, la adaptación de las normativas para el impulso de actividades artesanales y familiares".
Solicitaron apoyo a la producción familiar a partir de programas que fortalezcan, favorezcan y dignifiquen a la pequeña y mediana empresa, el acceso a circuitos de comercialización local de "alimentos sanos para el pueblo".
El comunicado cierra con una lápida a la clase dirigencial: "Una vez más la clase dirigente en nombre de los derechos y necesidades de la población busca privilegiar a las grandes corporaciones extranjeras que con falsas promesas de progreso solo buscan la destrucción de nuestros bienes comunes como el agua, el ambiente y el territorio".
