Por Idafe Martín Pérez
Para CTXT
La Comisión está negociando un acuerdo informal similar al que tiene con Turquía desde 2016 y con Túnez desde el pasado mes de julio.
Las instituciones de la Unión Europea y los gobiernos de los 27 Estados miembros muestran desde hace días su preocupación por la suerte de la población palestina en Gaza –unos 2,2 millones de personas– y piden a Israel que su respuesta a los atentados terroristas de Hamás respete el Derecho Internacional Humanitario. Más de la mitad de los gazatíes son menores de edad.
Los europeos también triplicamos nuestra ayuda para Gaza de este 2023 hasta los 75 millones de euros y apoyamos a Naciones Unidas en sus gestiones para que Egipto permita el paso de camiones con esa ayuda por el paso de Rafah, la única salida de Gaza que no lleva al mar o a Israel. Toda esa buena voluntad esconde que la primera prioridad es que de ninguna manera la esperada invasión terrestre israelí genere un éxodo masivo de población que termine por embarcarse en Egipto rumbo a Europa.
La situación de Gaza hace que los gazatíes, de llegar a Europa, tengan derecho casi automáticamente al estatuto de refugiados, que más del 80% de ellos ya tienen, concedido por Naciones Unidas, por las expulsiones forzosas sufridas desde la fundación del Estado de Israel. Ese estatuto se pasa a los descendientes mientras no se repare la situación de refugio. Así que de llegar a Europa difícilmente podrían ser deportados a Gaza de vuelta. Además, los gobiernos europeos temen que un conflicto mayor pueda generar una oleada de refugiados como la guerra en Siria a mediados de la década pasada, que terminó con casi un millón de sirios en Alemania en apenas seis meses.
Ante esa situación, la Comisión Europea, con permiso de los gobiernos, ya negocia con Egipto un pacto como el que tiene con Turquía desde 2016 y con Túnez desde el pasado mes de julio. Se trata de seguir externalizando el control migratorio, de entregar las llaves de la fortaleza europea a los dictadores vecinos a cambio de un pago, que oficialmente va a programas de acogida de refugiados pero que en la práctica no se sabe a dónde va claramente porque esos países no permiten inspecciones. Túnez prohibió este verano visitas de eurodiputados y de funcionarios de la Comisión Europea.
Mientras se negocia un acuerdo similar con Iraq, la prioridad ahora es Egipto por el miedo a la llegada masiva de refugiados palestinos, más de la mitad de ellos menores de edad. La cumbre de El Cairo del 21 de octubre, que trató la situación en Gaza, dejó una imagen curiosa. La delegación de la Unión Europea contaba con las dos personas que debían asistir a un evento así, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell. Pero a Michel y Borrell los acompañó el comisario Margaritis Schinas.
El griego, casado con una española miembro del Partido Popular y muy bien relacionado con la derecha europea, no tiene competencias ni de política exterior, ni de seguridad ni de ayuda humanitaria. ¿Qué pintaba entonces en El Cairo? Fuentes comunitarias aseguran que Schinas usó la excusa de la cumbre para ultimar con la dictadura egipcia ese pacto de control migratorio a cambio de dinero.
Ese acuerdo no sería formal, no tendría el estatus de un tratado entre la Unión Europea y Egipto, porque de ser así debería pasar por el Parlamento Europeo. Sería, como en el caso de Turquía y Túnez, un pacto meramente político puesto negro sobre blanco en un comunicado firmado por las partes, pero sin más validez jurídica. Así la Comisión Europea consigue que el texto no tenga que pasar por una ratificación del Parlamento Europeo, que podría rechazarlo.
Además, la Comisión está negociando de forma que el pacto no parezca lo que es, por lo que oficialmente tendrá dinero para programas de creación de empleo y de transición energética. A pesar de que los ministros de Interior ya dieron el jueves pasado permiso a la Comisión para negociarlo y de que se está ultimando (porque se empezó a negociar hace meses), no hay documentos públicos sobre su alcance o su coste. No hay explicaciones oficiales. Pero lo dejó claro el comisario Schinas cuando la semana pasada dijo: “Tenemos que comprometernos activamente con Egipto para estar seguros de que Egipto recibe todo el apoyo que merece por su importante papel en la región como país de tránsito”. No se refería precisamente al tránsito del agua por el Nilo.
