Los gremios habían pedido una rediscusión de salarios antes de fin de año. La respuesta del gobernador a los policías es el mejor argumento para insistir.
La cesión del gobernador Francisco Pérez ante un puñado de policías provinciales sublevados para presionar por un aumento de sueldo tendrá consecuencias impredecibles en el futuro inmediato. Si hay más plata para los policías, también hay para una política salarial similar para los docentes, los médicos y el resto de los empleados públicos, razonaron los líderes sindicales de los empleados del Estado con la sublevación policial en pleno desarrollo.
Raquel Blas, titular de ATE, fue la primera en avisar que su sector no negociará menos de $8.500 de sueldo mínimo. El SUTE, de los docentes, venía pidiendo la reapertura de la paritaria para discutir sueldos con anterioridad al levantamiento de una ínfima proporción de los efectivos de la fuerza armada provincial.
Enero y febrero son meses menos conflictivo desde el punto de vista gremial porque las plantas de personal activo se acotan por la vacaciones, pero en lo que resta de diciembre habrá un recalentamiento del conflicto salaria de los estatales. Ya está en la agenda un paro de los trabajadores de la Salud confirmado y mil voces que desde las bases comienzan a gritar que quieren el mismo arreglo que el forzado por los uniformados gracias al poder que les confieren las armas cedidas por el Estado para defender a la sociedad.
